Según explicó Matos en el Pleno del Congreso, el fin es que "los propietarios se sientan más seguros a la hora de contratar y sepan que no alquilan su vivienda a un profesional del impago o un profesional de las dilaciones judiciales".

El diputado destacó que la creación de dicho registro "tiene una finalidad inequívocamente preventiva", con el objeto de evitar que los propietarios de una vivienda alquilen su inmueble a quienes tengan antecedentes de obligar a un arrendador a instar el auxilio judicial para recuperar la posesión de la vivienda.

"Sólo se registrarían aquellas sentencias firmes de los casos en que el propietario se vea obligado a instar judicialmente el lanzamiento del inquilino para poder recuperar su vivienda", aclaró el popular.

El portavoz de Vivienda del PP especificó que deberá establecerse un órgano de la Administración responsable de la gestión, que podría ser el Ministerio de Justicia.