Las 11 comunidades del PP, además de Ceuta y Melilla, volvieron a denunciar que este sistema es “el fruto de un pacto bilateral con ERC”, en alusión al acuerdo del PSOE con el partido catalán y recordaron que el pasado enero, cuando la exministra María Jesús Montero lo presentó en un CPFF fue rechazado por todas las comunidades, salvo Cataluña.

No obstante, ese CPFF fue solo informativo y no se sometió a voto, ya que, por entonces, el texto todavía no se había redactado y Hacienda solo explicó los nuevos criterios de la futura financiación.

Los populares insistieron en el pacto “con una sola parte y a espaldas de todas las demás” y avisaron a Hacienda de que no puede aprobarse ahora “de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen”. Además, advirtieron de que esta forma de proceder “quiebra el derecho a un trato igual” que recogen las leyes.

A pesar de las críticas del PP, el Ministerio remitió la propuesta a las comunidades hace un par de semanas e incluso participaron en Comités Técnicos. Antes de eso, Hacienda había ofrecido a los consejeros autonómicos reuniones con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que solo aceptaron Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias, todas gobernadas por el PSOE.

Los consejeros populares admitieron que resulta “imprescindible” revisar el modelo actual, después de 16 años de funcionamiento, y reclamaron que se adecúe la financiación de las todas las comunidades autónomas a sus necesidades reales de gasto y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos.

“Las comunidades autónomas firmantes no rehúyen la reforma del sistema de financiación; al contrario, la reclaman. Pero una reforma de esta envergadura ha de abordarse con todas las Comunidades, con la información completa y con el tiempo indispensable para su estudio, y no puede resolverse sobre unas premisas y unos plazos que lo impiden”, defendieron.

El PP mantuvo en su misiva a España que no se ha atenido a “un verdadero mecanismo de negociación multilateral” y denunció que la propuesta no se sometió a la evaluación técnica del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE).

Asimismo, reconocieron que el Gobierno intentó “abrir una vía de negociación bilateral con las comunidades autónomas”, pero cuestionaron la falta de tiempo y de información completa para analizarlo.

“Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14, convalide todo lo mal hecho”, subrayaron los consejeros del PP.

Las comunidades del PP también se escudaron en los incendios y en la declaración de emergencia nacional para solicitar a España la postergación del CPFF.

FALTA DE INFORMACIÓN

El PP insistió en que sus comunidades carecen de “la información imprescindible” para analizar en profundidad la propuesta y sin conocer “las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo” en las comunidades.

También incidieron en que todavía no han recibido la memoria de cálculo del reparto y, en concreto, del desglose del mecanismo de nivelación vertical, a pesar de habérselo pedido a Hacienda de manera reiterada.

“Sin esa información, difícilmente podemos formarnos un juicio fundado sobre una reforma llamada a condicionar los recursos de las Comunidades durante años; insuficiencia, además, puesta de manifiesto por la práctica totalidad de las Comunidades que han presentado observaciones”, aseguraron los populares.

Por otro lado, los consejeros aludieron a la reunión del CTPE del pasado 14 de julio y las “observaciones de calado” que elevaron las comunidades autónomas. El PP afeó a Hacienda que la documentación completa de ese encuentro no estuvo disponible hasta el 24 de julio, “apenas tres días hábiles antes de su celebración”.

Esta falta de margen para el estudio de las propuestas es otro de los motivos que llevó a las comunidades populares a solicitar a Hacienda el retraso de este CPFF hasta septiembre, como mínimo. El PP entiende que el día 29, cuando está previsto el Consejo, no habrá “tiempo efectivo para introducir ninguna modificación”.

En su opinión, esto demuestra que “el Gobierno de España no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar” sus propuestas o alegaciones.

SIN PRESUPESTOS

El PP apuntó que tampoco puede obviarse “el contexto presupuestario” en el que el Gobierno pretende abordar esta reforma, con una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Los populares añadieron que el Congreso tampoco ha conseguido aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria que servirán de marco para los PGE de 2027. El PP votó en dos ocasiones en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno.

Ante la falta de un marco presupuestario y de los objetivos de estabilidad, el PP consideró que la reforma del sistema carecerá de “la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige”.

El PP también reprochó a Hacienda que no haya explicado el encaje de los nuevos recursos del sistema en la envolvente financiera del Reino de España.