Así consta en una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para su votación el próximo martes en la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación.

La iniciativa reclama una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los tribunales españoles puedan perseguir en el extranjero delitos de genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, prostitución y corrupción de menores, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de personas, mutilación genital femenina de personas que se encuentren en España y cualquier otro permitido mediante convenios internacionales.

La condición que quiere fijar el PP, con el fin de evitar casos como los recientemente vividos en la Audiencia Nacional con China e Israel, es que "sus presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas de nacionalidad española".

Además, los tribunales de este país no podrán actuar cuando "en el lugar donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un Tribunal Internacional, se ha iniciado causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles".

El PP reclama también un incremento de la inversión presupuestaria para los próximos "tres años" con el fin de arreglar los problemas que actualmente tiene la Justicia, así como llegar a un acuerdo con las asociaciones judiciales "antes de finalizar el mes de mayo" para comenzar a solucionar los problemas.