Se trataría simplemente de trasponer la normativa comunitaria que garantiza esa igualdad y que, en el caso español, se limita al salario base y los complementos, dejado fuera otras percepciones económicas, cada vez más habituales en las nóminas.

Para el PP, es "obligado" que España incorpore a su modelo normativo todas las condiciones que favorezcan la igualdad de salarios entre hombres y mujeres.

Tras la reforma, el Estatuto de los Trabajadores español obligaría a los empresarios a pagar por un mismo trabajo la misma retribución sin diferencia de sexos, cualquiera que sea la naturaleza del pago.