Según el portavoz de la Comisión de Droga del PP, Gonzalo Robles, con esta proposición la interpretación del término ciudadano es más flexible y se trata de favorecer "el ejercicio de la acción popular por parte de las asociaciones en materias como terrorismo o tráfico de drogas en las que plantearía dificultades la acción popular".

Según Gonzalo Robles, es necesario dotar a la sociedad de medios jurídicos para autoprotegerse ante el problema de la droga, "que afecta a más de 800.00 familias".