En concreto, se formula la petición de recusación contra los dos citados ex altos cargos del Ejecutivo de Pedro Sánchez en los recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley de 19 de enero de 2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, al entender el PP que “el Gobierno no respeta la propiedad privada y favorece la ‘okupación’”.

Igualmente en lo que atañe a varias disposiciones de la Ley de Presupuestos de 2021 que restableció el Impuesto de Patrimonio; contra la ley de educación denominada ley Celaá; y contra la Ley del Poder Judicial de 1 de julio de 2021, que limitó las competencias del Consejo General del Poder Judicial estando en funciones.

También se pide que se recuse a ambos en las causas sobre la denominada ley de eutanasia; sobre reparto en plataformas digitales o ley rider, contra varios puntos del Real Decreto-Ley de 4 de mayo de 2021 sobre el estado de alarma por el covid; y contra varios artículos de un decreto ley y una ley de Cataluña de 2022 sobre proyectos lingüísticos y uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

En este último caso, el PP recuerda que Díez “participó en la elaboración de dictámenes sobre la enseñanza de lenguas cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña”. Asimismo, se presenta petición de recusación a Campo en el recurso de amparo presentado por el PP en relación a las enmiendas sobre reforma de las leyes orgánicas del TC y del CGPJ, que se quisieron introducir en la normativa sobre derogación de la sedición y rebaja de la malversación.

Concretamente se insta a recusar al exministro en la causa del recurso de amparo ante el TC frente al acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de 12 de diciembre de 2022 y el acuerdo del presidente de dicha Comisión, de 13 de diciembre del mismo año (enmiendas 61 y 62).

Según indicó el PP, “las recusaciones se presentan al considerar que ambos magistrados nombrados en el TC por el Gobierno incurren en alguna de las causas de recusación previstas en el apartado 13 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Entre las causas de recusación incluidas en dicha normativa figura “la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes; haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo; o haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”.