Así lo manifestó la diputada del PP Sofia Acedo en la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente por la que exigió al Gobierno “renunciar” al proyecto normativo de regularización de migrantes que está en trámite y “ejecutar” de forma efectiva las órdenes de retorno de extranjeros de acuerdo con la normativa vigente.

Según recoge la iniciativa presentada por el PP en el Congreso, pide que el Ejecutivo renuncie a la regularización porque va “en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”.

Además, el PP reclamó al Gobierno “revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento”, así como garantizar la “expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes”.

Acedo denunció que la regularización se plantea “sin memoria económica” ni “previsión administrativa” y “sin garantizar la ausencia de antecedentes penales y policiales”. En este contexto, dirigiéndose al PSOE, aseguró que “los españoles no vamos a aceptar que ustedes regularicen a miles de delincuentes”.

Asimismo, aseguró que este tipo de políticas generan un “efecto llamada” y acusó al Gobierno de “hipotecar el futuro del país” por su “debilidad e incapacidad para gobernar”, y le reiteró la petición de “abandonar esta deriva antidemocrática” y respetar “la voluntad mayoritaria de los españoles”.

En su caso, el diputado de Vox Ignacio Gil criticó que el PP “no rechaza la regularización extraordinaria como instrumento” en política migratoria, sino que solo lo hace porque la propone el actual Gobierno y porque “usa el real decreto” como forma de trámite de la medida.

Así, denunció que no conocen realmente las “consecuencias” que tendrá esta regularización, que serán “colapsos” de servicios públicos y generará un “agujero en las arcas públicas” de España, así como un aumento de la delincuencia y del abandono de los españoles “más necesitados en detrimento del mejor trato a inmigrantes ilegales”.

Por su lado, el diputado de Junts Josep Maria Cervera compartió con el PP la necesidad de frenar la regularización extraordinaria que el Gobierno pretende aprobar “por la puerta de atrás” y sin debate parlamentario, y defendió que cualquier medida de este tipo debe ir precedida de “una evaluación exhaustiva de su magnitud y sus consecuencias”. Además, criticó que el sistema actual es “incapaz” de garantizar la acogida y la integración de migrantes.

Además, la diputada del PNV Maribel Vaquero criticó también la regularización extraordinaria al considerar que se está tramitando sin “contar” con las autonomías que son quienes después gestionarán los procesos administrativos de los migrantes y afirmó que se está “usando esta regularización como arma arrojadiza política” para “crispar y arrojar mensajes racistas como los que lanza Vox”.

EN CONTRA

En cambio, la diputada socialista Elisa Garrido defendió la regularización propuesta por el Gobierno y criticó que el PP no esté a favor después de que hace dos años votó a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que da origen a la regularización. El PSOE considera que esta moción tiene un “discursos vacío, incendiario y hueco”. Igualmente, pidió a los diputados populares que tengan “menos odio y más compasión” con los migrantes.

En su lugar, la diputada de Més Compromis Agueda Micó aseguró que esta regularización extraordinaria ofrece derechos a migrantes que ya están en España y recriminó al PP alinearse en cuestiones como esta con Vox. Asimismo, la diputada de Podemos Noemi Santana afeó al Partido Popular ser “duro e irresponsable” a nivel nacional y europeo, respectivamente, pero en Canarias “hacen silencio” cuando se trata la cuestión migratoria e, incluso, piden “colaboración institucional”.

En esta línea de rechazo a la moción del PP estuvieron los diputados de Sumar Vicen Vidal y el de Bildu Jon Iñarritu, quienes defendieron principalmente los derechos de las personas migrantes. Vidal acusó al PP de defender “no a la regularización, sí a las deportaciones masivas” y criticó que su rechazo afecta a “las 600.000 personas” que firmaron la citada ILP, a asociaciones migrantes, “a la patronal y hasta a la Iglesia”.