Así lo indicó ante representantes del sector inmobiliario en la III Gran Jornada Inmobiliaria organizada por el diario ‘El Economista’, en las que se situó esta cuestión como una de las principales reivindicaciones del sector.

Bravo señaló que se introduciría esta cuestión como un instrumento para “agilizar” la colaboración público-privada y siguiendo el ejemplo de países como Portugal, que, según explicó, obliga a la administración a abonar intereses de demora si estos trámites se resuelven fuera de plazo.

En cualquier caso, detalló que la medida se aplicaría “sin detrimento de la posterior comprobación de la Administración”. Se trataría de una medida en la línea que apuesta el PP para hacer frente al problema de la vivienda. Bravo indicó que su estrategia pasaría por “eliminar las medidas que reduzcan la oferta, incentivar las medidas que ayudan a aumentarla y establecer elementos que doten de seguridad jurídica al mercado”. "No es una solución de cuatro años ni de ocho, es un proyecto que hay que sembrar y construir y en ese camino tenemos que hacerlo", dijo el popular.

Bravo indicó que no comparten la ley de vivienda por el “control de precios” y la “sobreprotección al okupa” que a su juicio genera la norma. Sobre la primera cuestión, abundó en que en otros lugares como Nueva York, Berlín o Barcelona “no se ha conseguido el efecto deseado”.

En cuanto a las medidas sobre okupación, señaló que la obligatoriedad de dar a conocer el día y la hora del levantamiento tiene el objetivo de poner “en dificultad” la actuación de los responsables de la Administración.

Asimismo, repasó los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para modificar las condiciones de los desahucios de personas vulnerables y se preguntó “¿Quién se preocupa de la auténtica víctima de la okupación?”. Para Bravo, dar respuesta a las familias en situaciones económicas complicadas compete a la Administración y no a los propietarios.

Por otro lado, el popular aplaudió los avales concedidos en algunas comunidades autónomas gobernadas por su partido para avalar el 20% de la hipoteca que no cubren las entidades bancarias debido a que muchos jóvenes no disponen del ahorro necesario para hacer frente a la compra de vivienda. Bravo indicó que tampoco es “justificado” se traslade esta responsabilidad a los padres.