Esta propuesta, que se presenta en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, tiene por objetivo la protección de la propiedad privada, garantizar la convivencia vecinal y la seguridad de las personas ante la ocupación ilegal de inmuebles, ya que consideran que la legislación actual es “insuficiente”.

Entre otras medidas, el PP quiere “definir la ocupación ilegal de inmuebles”, “regular un plazo máximo de 24 horas para el desalojo” –que sería “inmediato” en casos de “delito flagrante”– y “la imposibilidad de inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intenta inscribirse es un ‘okupa’ ilegal”.

Asimismo, el PP propone modificar la legislación penal para “reforzar” el delito de usurpación, así como “extender la legitimación activa procesal a las comunidades de propietarios y agilizar plazos procesales”.

Por último, la propuesta recoge “mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias” y “promover” la provisión de vivienda social “para poder atender a las familias en situación de emergencia social, exigiéndose para estar en dicha situación haber solicitado previamente a los servicios sociales una solución habitacional”.

En este sentido, los populares aclaran en el texto que ellos quieren centrarse en “luchar contra la delincuencia e ilegalidades asociadas a la ocupación” y, por tanto, las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social “nada tienen que ver con lo anterior”.

“En otras palabras, a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades”, añade la iniciativa que asevera que “cualquier forma de intervención invasiva y desproporcionada en el derecho de propiedad supone una regresión en la defensa de los derechos básicos”, y “un desincentivo a la inversión” en España.