Así consta en una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de descentralizar este impuesto sobre las operaciones societarias, que es un subtipo del citado gravamen.

El PP entiende que si se dejase en manos de las autonomías la recaudación de este impuesto, las distintas comunidades autónomas podrían establecer unos tipos de gravamen inferiores al tipo del 1% establecido en la legislación general.

De este modo, el PP cree que se eliminarían diversas "trabas" y "costes suplementarios" a las empresas en sus operaciones comúnes de tráfico jurídico-mercantil, tales como ampliación o disminución de capital o constitución, fusión o escisión.

"La exacción de tributos sobre las operaciones de captación de estos flujos monetarios constituye un desincentivo a su formalización y al proceso de capitalización interna de las sociedades matrices nacionales, cabeceras de grupos empresariales", argumenta el PP.

Según el PP, esta "descentralización fiscal" no pone en peligro la suficiencia financiera del Estado y podría ayudar a fomentar la competitividad de las empresas españolas.