Según informó el partido este martes, las enmiendas incluyen el rechazo a que una declaración responsable sirva como "certificación para obtener el derecho de residencia". Además, el PP busca ampliar las garantías frente a la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno, que, según este partido, podría facilitar la entrada de delincuentes.

Propone que, para obtener el permiso de residencia, los solicitantes deben carecer de antecedentes penales o procedimientos penales abiertos. Esto se acreditará mediante certificación oficial, "excluyendo la opción de una simple declaración responsable del interesado", lo que consideran insuficiente para garantizar la seguridad.

Asimismo, el PP enfatiza que será rechazado cualquier permiso de residencia si existen escritos de acusación que soliciten pena privativa de libertad, autos de apertura de juicio oral o medidas cautelares. Esta postura busca evitar que personas con antecedentes penales obtengan derechos de residencia en el país.

REFORZANDO LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD

El partido también ha planteado la necesidad de aumentar el número de fiscales, estableciendo al menos uno por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000. Esta medida busca garantizar la lucha contra la criminalidad y atender las necesidades de la Administración de Justicia, según fuentes del PP.

Además, el PP propone recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre posibles amenazas al orden público antes de conceder permisos de residencia. Esto incluye verificar que no haya engaños o falsedades sobre las circunstancias del solicitante, como edad, sexo o nacionalidad.

En su lucha contra el narcotráfico, el PP ha incluido en sus enmiendas un endurecimiento de las penas para las prácticas de petaqueo. Se propone que el transporte de combustible no autorizado sea sancionado con penas de entre 3 y 5 años de prisión, en línea con lo estipulado en el artículo 568 del Código Penal.

UN ENFOQUE INTEGRAL EN LA LEY DE EXTRANJERÍA

El partido ha expresado su preocupación por que la regularización masiva de inmigrantes pueda convertirse en un "coladero" para delincuentes, tal como han denunciado diversas asociaciones policiales. La propuesta de enmiendas busca establecer un marco más riguroso que garantice la integridad del sistema.

Gamarra afirmó que estas medidas son necesarias para “evitar la impunidad y reforzar la seguridad”. El PP considera que es fundamental proteger a la “inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros” que desean integrarse en la sociedad española, asegurando que se actúe contra aquellos que no respetan la ley.

El partido también ha subrayado la importancia de un modelo de convivencia que priorice la seguridad de todos los ciudadanos, tanto españoles como extranjeros. Con estas enmiendas, el PP busca garantizar un enfoque "equilibrado y responsable" en la gestión de la inmigración y la criminalidad.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA

Las enmiendas presentadas por el PP reflejan, a juicio de este partido, un compromiso claro con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y espera que el debate en el Senado sobre estas propuestas genere un amplio interés y participación de diferentes sectores políticos y sociales.

El partido ha manifestado su disposición a trabajar en conjunto con otras fuerzas políticas para lograr un consenso que fortalezca la seguridad en España y subraya que la discusión de estas enmiendas se llevará a cabo en un contexto de creciente preocupación por la criminalidad y la inmigración irregular en el país.