Así lo avanzó durante la inauguración de una jornada sobre Educación Especial, organizada por el PP en el Senado.

García defendió que “el PP es el partido de las familias, de la libertad y de la igualdad, unos principios que están siendo atacados con dureza por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

La portavoz popular en el Senado recordó su tiempo como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León entre 2015 y 2029 para apoyarse en "la felicidad" de las familias "que da sentido a la Educación Especial" y que vio en primera persona en uno de los últimos actos que acudió en aquel tiempo en Valladolid.

García defendió así que el PP apoya la equidad que está en que "cada niño tenga los apoyos necesarios que necesita" y así avanzó que llevarán al próximo Pleno del 7 de abril "un plan para blindar los centros de Educación Especial" en la Lomloe.

La moción que defenderán los populares insta al Ejecutivo a garantizar la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que consideren más adecuado para sus hijos.

Según el PP, los colegios de Educación Especial están amenazados por la Ley Educativa de Sánchez. Por ello, propone modificar el artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para establecer que "la educación inclusiva será aquella que mejor se adecue a la situación individual del alumno, con el fin de garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y su inclusión efectiva en la sociedad".

El texto del PP reclama también que se derogue la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para asegurar que los centros de Educación Especial mantengan su función de escolarización.

EL DERECHO DE LOS PADRES

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere que la Administración garantice "el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos".

Así, propone que la ley educativa incorpore que "en caso de discrepancia entre la propuesta administrativa y la posición de la familia, se priorice la elección efectuada por los padres o tutores legales respecto de la modalidad educativa elegida, considerando en todo caso el interés superior del menor".

En este sentido, Alicia García aseveró que "absolutamente nadie puede imponer la educación de los hijos a los padres”.

Según los datos facilitados por el PP, el alumnado con necesidades educativas especiales asociado a discapacidad supera en la actualidad 292.897 alumnos en el sistema educativo español, representando en torno al 3,6% del total del alumnado. De ellos, aproximadamente el 85% se encuentra escolarizado en enseñanzas ordinarias y en torno al 14,8% en centros o unidades específicas de Educación Especial.

Las discapacidades más frecuentes corresponden a trastornos del espectro del autismo, discapacidad intelectual y trastornos graves de la comunicación y del lenguaje, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad de situaciones y la necesidad de respuestas educativas diferenciadas, afirmaron desde el PP.

En este sentido, los populares argumentan en la moción que "la jurisprudencia constitucional ha señalado que la escolarización en centros de educación especial no puede considerarse 'per se' discriminatoria cuando responde a una valoración individualizada orientada al interés superior del menor".

La moción que llevarán al Pleno contempla también la necesidad de "establecer normativamente la posibilidad de prorrogar la escolarización en centros de Educación Especial, al menos, hasta el año natural en que el alumno cumpla 21 años".

Por otra parte, los populares abogan por potenciar la atención temprana mediante la identificación y valoración precoz de las necesidades educativas especiales y la intervención coordinada entre los ámbitos educativo, sanitario y social.

Del mismo modo, proponen impulsar el desarrollo de funciones de apoyo técnico especializado de los centros de educación especial a los centros ordinarios.

RATIO MÁXIMA

El PP incluye también en la moción que defenderá en el Senado un punto que insta al Gobierno a que el alumnado con necesidades educativas especiales compute, con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las Administraciones educativas, como dos plazas a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas.

Otro de los puntos incluidos por los populares busca reforzar la formación de la comunidad educativa y actualizar los protocolos de prevención y actuación de acoso escolar a los alumnos con necesidades educativas especiales, y llevar a cabo campañas de sensibilización.

En cuanto a la formación de los docentes, los expertos en educación especial que participaron en la jornada organizada en el Senado abogaron por formar a los profesores para que "sepan lidiar" con la diversidad en el aula y exigieron que se garantice que haya profesionales sanitarios en los centros de educación ordinaria para facilitar la conciliación familiar.

Los populares también reclaman que se anticipe el pago de las ayudas al estudio de alumnos con necesidades educativas especiales al inicio del curso escolar para hacer efectivo el derecho a la educación y reclaman que se establezca "un marco de financiación adecuado y suficiente en colaboración con las comunidades autónomas, para llevar a cabo estas medidas".