Esta es una de las cuatro preguntas formuladas por la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que reclama al Ejecutivo comunitario que aclare “qué salvaguardias adicionales debería exigir la Comisión en este tipo de rescates empresariales”.

El PP reactiva su ofensiva en Europa por el presunto conflicto de intereses en el que habría incurrido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al avalar el rescate de Air Europa cuando su esposa, Begoña Gómez, era directora del IE Africa Center. En el momento en el que se aprobó la ayuda, el IE Africa Center tenía un acuerdo de patrocinio y colaboración con Wakalua, el ‘hub’ de innovación turística del ‘holding’ Globalia, que, al mismo, es la matriz de Air Europa.

El PP considera que estos hechos constituyen un conflicto de interés para Sánchez y así se lo trasladó en mayo a la Comisión Europea, cuando le pidió investigar si hubo irregularidades en el rescate. Cuatro meses después, vuelve a la carga porque “la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que las ayudas estatales sean evaluadas con plena transparencia, y que no exista ningún indicio de ventaja selectiva vinculada a intereses personales o familiares de quienes adoptan la decisión”.

Además, pone en conocimiento de Bruselas una presunta falta de imparcialidad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que ha archivado en dos ocasiones una denuncia del PP que ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La OCI depende directamente del Ministerio para la Transformación Digital y ha resuelto que Sánchez no tenía la obligación de abstenerse en el rescate de Air Europa”.

“Este caso suscita dudas sobre la independencia e imparcialidad de un organismo que, estando jerárquicamente sujeto al propio Gobierno, debe resolver sobre la conducta del jefe del Ejecutivo”, afirma Montserrat en otra de las preguntas en la que insta a la Comisión Europea a dictaminar si “la dependencia gubernamental de la OCI en España cumple con las exigencias de independencia e imparcialidad exigidas en el marco del Estado de Derecho europeo”.