Según señala el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, “esto en realidad es lo que se conoce como un ‘tracking’ electoral que, diariamente, permite ir detectando la evolución de la intención de voto a lo largo de la campaña, como demuestra que el contenido y la formulación de las preguntas fuesen exactamente iguales a los habituales barómetros mensuales del CIS”.

Para el partido vencedor de los comicios generales del pasado 23 de julio, resulta “evidente que los datos tenían una aplicación práctica, ya que pudieron detectar la evolución de los apoyos a los partidos en una fase de la campaña que resultó crítica”.

Por ello, según esta formación, “el CIS debería haber enviado esta información a los representantes de los partidos que lo hubiesen solicitado, como el Partido Popular, tal y como está recogido en las resoluciones de la JEC y en la legislación vigente para garantizar el principio de igualdad de armas”.

En este sentido, el PP sostiene que “quien sí tuvo acceso a dichos datos fueron las dos empresas públicas dependientes del Gobierno, el CIS y Tragsatec”. “Como para poder acceder a ellos es imprescindible un usuario y ‘password’, el PP solicita a ambas instituciones que no destruyan ningún documento, que identifiquen a las personas que han accedido y que un perito independiente certifique la trazabilidad del uso de las aplicaciones, los accesos y los posibles usos que se hayan hecho de los datos”.

POSIBLES DELITOS

El PP indica que “se puede haber incurrido en un delito electoral e incluso de financiación irregular de la campaña de un partido, en este caso de las formaciones del Gobierno de coalición, que han podido concurrir a las elecciones con una ventaja sobre las demás candidaturas, al margen del reproche penal que pudiese tener el mal uso de fondos públicos por parte de las instituciones implicadas”.

Por otro lado, el PP denuncia que estas encuestas se produjeron “sin anonimizar, algo que está absolutamente prohibido”. Para el partido de Feijóo, es “absolutamente intolerable y desborda cualquier precepto normativo en un sistema democrático que un organismo dependiente del Gobierno pregunte en periodo electoral sobre el sentido del voto ya emitido por correo”.

Considera, a este respecto, que “estos datos están a disposición del CIS y del personal de Tragsatec sin saber con qué fin podrían ser utilizados”. Se trata de “una circunstancia que podría vulnerar la protección de datos protegidos por la ley”, según enfatiza el PP.

Por otra parte, el PP recuerda que este “estudio” no estaba incluido en el plan de acción inicial presentado por el CIS, por lo que subraya “la falta de transparencia de la institución y le pregunta cuándo decidió elaborarlo y qué coste tuvo”.

Asimismo, pide a la JEC que, “en el caso de que en el futuro el CIS decida realizar ‘trackings’ diarios en una campaña electoral, ordene a dicha institución que ponga a disposición de los partidos que lo soliciten los resultados diarios de dichas encuestas”.

Finalmente, solicita que, "de observar conductas susceptibles de delito, se acuerde su traslado inmediato a la Fiscalía para ser investigado en el orden penal".