El objetivo es “mejorar” una ley del Gobierno que presenta “serios déficits”, según destacó la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en un comunicado en el que denunció que el proyecto “ni siquiera cuenta con una memoria económica que garantice la financiación de los nuevos servicios”.

Además, criticó que “ha nacido sin consenso con las comunidades autónomas”, quienes, a su juicio, “después tendrán que ofrecer el servicio y a quienes el Gobierno central les debe 20.000 millones de euros solo en discapacidad y dependencia”.

Entre las propuestas destacan la incorporación íntegra de su Ley CUME, impulsada hace unas semanas por el partido para “reforzar la protección de las familias con hijos con cáncer o enfermedades graves”.

Entre las novedades está que la prestación o el permiso por cuidado de hijos e hijas con cáncer o enfermedad grave se mantengan más allá de los 26 años cuando persista la misma situación y necesidades, una petición histórica de estas familias.

Además, entre sus enmiendas al proyecto de ley de Discapacidad y Dependencia, el PP aboga por garantizar la libertad de elección de las personas dependientes para que puedan optar entre una prestación económica o un servicio; priorizar el acceso a las ayudas en función de la vulnerabilidad económica y reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a los riesgos de la inteligencia artificial.

Por otra parte, propone regular de forma completa la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso efectivo a la Justicia; impulsar medidas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad; favorecer al tercer sector en el medio rural; mejorar la accesibilidad con baños adaptados para personas con ostomía en las infraestructuras de transporte y reconocer expresamente la sordoceguera como discapacidad específica.

VORACIDAD FISCAL

El PP denuncia que el Gobierno “pretenda vetar” las enmiendas encaminadas a garantizar las mismas rebajas fiscales a igual grado de dependencia y discapacidad, algo que, a su entender, “el Ejecutivo recorta en su proyecto”.

Por otra parte, la formación liderada por Feijóo también ha propuesto en el Senado que las obras por adaptación de edificios comunitarios y viviendas para personas con discapacidad cuenten con un IVA reducido del 4%, una cuestión a la que el Gobierno también se ha “negado a debatirla siquiera con el pretexto de que supondrían 4 millones de euros en las arcas públicas”, criticó.

50% DEL GASTO

Dentro de estos cambios propuestos en el proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, el PP también quiere garantizar que el Gobierno central se haga cargo del 50% del gasto en estas materias que tenga cada una de las comunidades autónomas.

“Lo propuesto por el Ejecutivo es otra triquiñuela”, deslizó la vicesecretaria Carmen Fúnez, apuntando a que, con la redacción mantenida por PSOE y Sumar podría darse la circunstancia de que el Gobierno pagase el 70% a una autonomía y solo el 30% a otra, con lo que cumpliría con el 50% del total.

En este sentido, el modelo que defiende el Partido Popular es “el mismo que Sánchez sí ha firmado con el País Vasco”, afirmó Fúnez, recordando que, según ese pacto alcanzado con el PNV, Sánchez se ha comprometido a pagar la mitad de la factura de todo lo que cuestan los servicios para personas con discapacidad o en situación de dependencia de Euskadi.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

En esta batería de enmiendas, el PP también propone ampliar hasta, al menos, los 21 años la escolarización en centros de educación especial, garantizar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo de sus hijos y derogar la disposición de la Lomloe que establece la prevalencia de la escolarización inclusiva en centros ordinarios frente a la educación especial.

Con este conjunto de enmiendas, el Partido Popular presenta una “alternativa” que, según su punto de vista, “refuerza” la protección de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, mejora la atención a las familias, garantiza una financiación “responsable” del sistema y apuesta por un modelo basado en la libertad de elección, la seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades.