Entre las principales iniciativas, presentadas a finales de agosto del año pasado, está “garantizar medios suficientes para el refuerzo en la lucha antincendios”, modificar la Ley de Montes estatal “para flexibilizar los aprovechamientos forestales y las agrupaciones forestales”, y la creación de un registro nacional de pirómanos.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció esta ofensiva en una rueda de prensa en la que defendió que “España no puede improvisar cada vez que ocurre una gran desgracia”, y en la que instó al PSOE a reconsiderar el voto en contra que emitió el año pasado cuando esta proposición de ley se tramitó en el Senado.

“Porque cuando arde el monte”, dijo, “el fuego no pregunta qué vota cada vecino, ni qué administración tiene la competencia ni qué partido gobierna en cada lugar. Solo se abre camino dejando a su paso un paisaje de desolación, destrucción, tristeza y a veces incluso se cobra vidas y heridos. Es por tanto imprescindible protegernos ante el fuego”.

La propuesta del PP también contó con la oposición de los socios del Ejecutivo, desde Junts y PNV hasta ERC y Bildu. Vox, por su parte, sí la secundó. Tellado no aclaró si el PP está dispuesto a sentarse con el Gobierno a negociar su pacto de Estado porque “la prioridad ahora es que siga la colaboración entre instituciones y administraciones y que lleguen todos los medios y los recursos que hacen falta”. “Todo lo demás”, remarcó, “es entrar en un debate que, desde luego, al ciudadano en nada interesa”.

En los últimos días, el PP ha tendido la mano al Ejecutivo, pero al mismo tiempo ha desdeñado el bautizado “pacto de Estado contra la emergencia climática” por no compartir ni su diagnóstico ni sus recetas. El PP considera que la solución pasa por “un sistema nacional de respuesta”.

50 MEDIDAS

El plan se divide en tres bloques —“ayudar, recuperar y prevenir”— e incluye medio centenar de medidas dirigidas a mejorar la respuesta inmediata a los incendios y reducir el riesgo de que vuelvan a repetirse. Entre otras iniciativas, plantea alojamiento y atención psicológica a los damnificados, ayudas para ganaderos y agricultores, el restablecimiento urgente de suministros básicos y la declaración de las zonas afectadas como áreas de actuación especial para acelerar su recuperación.

En el plano estatal, el PP propone un sistema nacional de respuesta que coordine los medios de todas las administraciones, reforzar la UME con nuevos batallones, cubrir los gastos extraordinarios de comunidades y ayuntamientos y agilizar tanto las ayudas públicas como el pago de las indemnizaciones de las aseguradoras. También plantea líneas de financiación y avales para garantizar la continuidad de las explotaciones y negocios afectados.

Para la reconstrucción, el documento recoge exenciones fiscales temporales, ayudas para autónomos y pymes, planes extraordinarios de empleo para limpiar montes y reparar infraestructuras, así como programas de restauración forestal a largo plazo. Además, reclama que el Estado financie íntegramente la reconstrucción de infraestructuras municipales y movilice fondos europeos específicos para las zonas afectadas.

El bloque preventivo apuesta por una mayor gestión forestal y por incentivar el aprovechamiento económico sostenible del monte. El PP propone reforzar la formación de los trabajadores del sector, impulsar la ganadería extensiva y la agricultura como herramientas de prevención, crear un Fondo Forestal Nacional y establecer incentivos fiscales para favorecer la inversión en el medio rural.

Entre las medidas más destacadas figuran también la creación de un registro nacional de condenados por incendios forestales y el uso de pulseras telemáticas para los reincidentes durante las épocas de mayor riesgo, el refuerzo del Seprona, una nueva Ley de Coordinación de los Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento y una reforma de la Ley de Montes para facilitar la gestión forestal, la retirada de combustible vegetal y los aprovechamientos del monte.

El plan se completa con un aumento de la inversión en investigación e innovación aplicada a la prevención de incendios y con una batería de propuestas dirigidas a la Unión Europea, entre ellas reforzar el mecanismo rescEU, mantener incentivos de la PAC para las actividades que contribuyen a reducir el riesgo de incendios y revisar la normativa comunitaria que, según el PP, ha dificultado la gestión tradicional de los montes.