Lo ha hecho a través de una pregunta por escrito, realizada por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, que exige a Bruselas avanzar “qué medidas concretas piensa adoptar para garantizar que los contratos de Red.es cumplen el Derecho de la Unión”.

Los populares plantean ya que el Ejecutivo comunitario, “en caso de irregularidad”, exija “responsabilidades a las autoridades españolas” y asegure “la recuperación de fondos a través una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo y/o investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) o la Fiscalía Europea.

El informe de Hacienda habla de opacidad en la tramitación, criterios técnicos irregulares, pliegos contrarios a la Ley de Contratos Públicos, posibles conflictos de interés y posibles fraudes de ley en uso de fondos europeos.

Los populares recuerdan que la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, los artículos 317 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el Reglamento Financiero y Reglamento 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia obligan tanto los Estados miembros como la Comisión a garantizar la transparencia, la igualdad de trato y la protección del presupuesto de la Unión.

PLUS ULTRA

Además, hay una segunda pregunta en la que Montserrat pide aclaraciones a la Comisión tras su respuesta a una interpelación parlamentaria sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que permitió la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Según la eurodiputada, la Comisión hasta ahora se ha limitado a señalar que el régimen general del fondo fue autorizado con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la UE y validado por los tribunales, pero no ha examinado el caso concreto que afecta a Begoña Gómez.

Montserrat subraya que existen abundantes “informaciones públicas sobre presiones políticas, conflictos de interés y trato discriminatorio” en torno a la operación de rescate de Plus Ultra, por lo que considera que la Comisión tiene la obligación de activar mecanismos de control adicionales en virtud de las normas citadas con el caso de Begoña Gómez, y pregunta expresamente si el Ejecutivo comunitario piensa remitir el caso al Tribunal de Cuentas Europeo, a la OLAF o a la Fiscalía Europea.