En primer lugar, los populares solicitaron la comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la Comisión Mixta para la Unión Europea, según los documentos a los que tuvo acceso Servimedia.

El objetivo es “explicar las razones” de la “nueva” dimisión del responsable del Plan de Recuperación y Resiliencia cuando apenas había cumplido 14 meses al frente del cargo, así como detallar “el riesgo” de que España no reciba el cuarto pago de fondos europeos, cifrado en 10.000 millones.

Por otra parte, el PP quiere que la secretaria general de fondos europeos, Mercedes Caballero, comparezca en la misma comisión para que exponga las “razones” que ella considera “que llevan a dimitir a quienes ocupan el puesto de director general del Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.

Y por último, el principal partido de la oposición formuló cuatros preguntas por escrito al Gobierno. Las dos primeras cuestiones son reiteraciones de las anteriores iniciativas, mientras que las dos últimas se interesan por conocer si se ha solicitado a Bruselas una prórroga para evaluar el cumplimiento de hitos y objetivos del cuarto pago, y cuál es el grado de cumplimiento de las inversiones comprometidas para recibir el quinto desembolso.

“FRACASO” DEL GOBIERNO

Al margen de estas iniciativas, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, valoró en unas declaraciones difundidas por su partido la dimisión de Jorge Fabra como director general de fondos europeos y señaló que “pone de manifiesto el fracaso del Gobierno” con los Next Generation.

Habló así de “irresponsabilidad” por parte de “un Gobierno que no funciona”, y pidió cambiar el diseño del Plan de Recuperación y la Adenda porque la renuncia de Fabra “demuestra la ineficacia de los planes, la incapacidad de gestión de este Gobierno y la falta de cogobernanza con las comunidades autónomas y de diálogo con la oposición”.

El responsable económico del PP advirtió de que “la gran oportunidad” que representan los fondos europeos "está en riesgo” y apeló al Ejecutivo para cambiar su diseño. “España no se puede permitir perder esta enorme oportunidad”, advirtió.

La propuesta de Bravo se basa en una “cogobernanza real” con comunidades, ayuntamientos, diputaciones y sector privado; “una planificación con órgano independiente”; “y una agilización de todos los trámites que son de ejecución, haciendo de la simplificación el auténtico elemento dinamizador de estos fondos”.