En la defensa del real decreto ley, que recibió el apoyo del resto de grupos parlamentarios, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reveló que las ayudas directas han sido solicitadas ya por 633 ciudadanos desde el pasado lunes y destacó que las medidas permiten “cubrir el peor de los escenarios” dando respuesta a “las personas y negocios más afectados”, situados en los barrios periféricos.

Además, aseguró que nace de un proceso de escucha a los agentes sociales, organizaciones empresariales y ciudadanos de Ceuta y que se basa en la continua monitorización de la evolución de la actividad económica en la ciudad.

“La prioridad es sentar las bases para un futuro próspero para la ciudad”, añadió Cuerpo, quien mostró su confianza en “la pronta y próxima recuperación de la normalidad cuando sea posible”.

Para este plan de respuesta, se van a movilizar 309 millones de euros este año, una cuantía que es el 16% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta y que se centra en aspectos como la potenciación de servicios públicos esenciales (21 millones), la mejora de la seguridad, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (más de 90 millones de euros) y el fortalecimiento del sistema de acogida, con más de 60 millones para la ciudad de Ceuta.

Otro eje serán unos 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores, lo que por sí solo supone el 4% del PIB de Ceuta y que se inyectará en los próximos cuatro meses, lo que supera la previsión de “pérdidas y de impacto” que había realizado la Cámara de Comercio de Ceuta.

En nombre del PP, José Vicente Marí, negó que se trate de “una crisis migratoria o humanitaria”, denunció que se trata de “medidas para esparcir la propaganda típica de este Gobierno” y apuntó que “falta la principal medida que es volver a la normalidad y que se garantice que no volverá a pasar”. “No pueden tapar su incompetencia con dinero”, añadió.

También entre los más críticos, Josep Maria Cruset, de Junts, no aclaró el sentido de su voto y acusó al Gobierno de aprobar estas medidas para “tapar su incapacidad” y añadió que “estamos ante la factura de un fracaso político”. “Su mala gestión la pagaremos entre todos los ciudadanos”, espetó.

Por su parte, José María Figaredo, de Vox, que tachó el decreto de “mentira” y “migajas”, denunció que “los malos nos han invadido y han anegado las calles y los españoles no pueden transitar por ellas” y tachó lo ocurrido en Ceuta de “acto de guerra híbrida lanzado desde Marruecos”. Además, lamentó que “el Gobierno prefirió quedarse de brazos cruzados”.