En la defensa del decreto, que obtuvo 173 votos favorables y 176 en contra, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió que dicha medida era necesaria para “garantizar la continuidad de inversiones en ámbitos clave para el país” y pidió huir de guerras partidistas.

De hecho, fuentes de Transportes lo tacharon de “papeleta política” y aseguraron que este rechazo no afecta a la gestión porque las transferencias para inversiones de Puertos y Renfe se realizaron durante el periodo en el que el real decreto ha estado vigente. Y, por tanto, no va a tener ningún impacto sobre la gestión ni sobre las inversiones a realizar.

Sin embargo, la diputada del PP María Pilar Alía, calificó el decreto de “total despropósito” y denunció que “desde el año 2023 no han traído a esta Cámara ningún proyecto de presupuestos”. “Traigan presupuestos y si no son capaces convoquen ya las elecciones”, concluyó.

En la misma línea, el diputado de Vox Pablo Saez tachó el decreto de “verdadera tomadura de pelo” y criticó que el Ejecutivo pretenda aumentar la deuda del Estado cuando asciende ya a 1,7 billones de euros. “El único camino posible es que ustedes se vayan”, espetó.

Por su parte, en nombre de Junts, el diputado Josep Cruset, dijo al Gobierno que “cada vez están más tocados y hundidos” y que “no tienen la mayoría parlamentaria”. Por ello, pidió que “se aparte el señor Sánchez y se nombre un nuevo presidente”.

La norma permitía también ampliar los límites de endeudamiento de Puertos del Estado en 247,7 millones, de Salvamento Marítimo en 75 millones y del ICEX en 40 millones. En su conjunto amplía la capacidad de endeudamiento de estos organismos públicos en 1.033,8 millones.

Según el Ejecutivo, ante la falta de presupuestos existe una necesidad inaplazable para autorizar esta serie de operaciones de crédito extraordinarias de modo que se permita a las entidades públicas poder cumplir sus objetivos establecidos para 2026, ya que una parte de la financiación de las actuaciones que se prevé ejecutar en dicho ejercicio fiscal ha de obtenerse a través de los mercados financieros y de capitales.

De esta manera, la autorización prevista en este real decreto-ley no supone una modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, ni altera formalmente sus límites de endeudamiento, sino que constituye una habilitación legal expresa, adicional y autónoma, otorgada mediante norma con rango de ley.