Esta medida, que demandan las formaciones políticas independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, se entiende como un posicionamiento político e incluso los contrarios a la misma admiten que es una decisión política que adopta el líder del partido pero que debe ser explicada.

Miembros del PSOE con responsabilidades destacadas en el pasado consultados por Servimedia apuntan a que la “clave” estará en el armazón jurídico que sustente la amnistía, si finalmente ésta se produce.

Entienden que la parte política de la decisión consiste en explicar y “hacerlo bien”, tanto a la ciudadanía como a las bases del partido, del porqué de la medida. Subrayan incluso que debe hacerse mejor de cómo se hizo con los indultos a los condenados por el ‘procès’. Ello encaja con el orgullo que muestra Sánchez de que esta decisión fue una medida que ayudó a la normalización y la convivencia en Cataluña.

Pero las mismas fuentes apuntan a que la cuestión jurídica debe “medirse bien” para el adecuado encaje en la Constitución y evitar así poner en un “brete” al Tribunal Constitucional, que en última instancia tendría que dirimir sobre la legalidad de la misma.

Sabedores de que el Partido Popular o alguna otra formación política recurrirá la medida y ésta será analizada en el Alto Tribunal, estas fuentes apuntan a Servimedia que se debe impedir que el TC puede rechazarla por inconstitucional porque si, en unos años, “la tumba” se encadenarán años de gobiernos populares.

En el sector del PSOE conocedor de las negociaciones para la investidura de Sánchez reconocen que hay que cerrar bien jurídicamente lo que se acuerde y de ahí el mantra continuo de que hagan lo que hagan será “dentro del marco de la Constitución”.

En el lado político de la negociación, creen que no hay que ocultar lo que se pacte, sino reivindicar sin tapujos los pasos dados con el convencimiento de que es el camino correcto.

De ahí que Sánchez haya roto la “burbuja” de no mencionar la palabra amnistía y de que se vaya a reunir en público, y por tanto con cámaras y fotos, con representantes de EH Bildu y Junts, partidos que abiertamente buscan la independencia de España y que, en el caso de la formación abertzale, tiene tras sí un poso histórico por la vinculación pasada con la banda terrorista ETA.