En declaraciones a Servimedia, Manuel Martín recordó la persecución y maldades que han sufrido los gitanos desde la pragmática firmada por los Reyes Católicos en 1499 hasta 1978.

"La mala entraña histórica de este país es que los poderes públicos y la opinión pública no quieren reconocer las injusticias que ha soportado el pueblo gitano durante más de cinco siglos", añadió.

Además, calificó de "miserables" as políticas que han llevado a cabo los distintos gobiernos con el pueblo gitano, porque "no se corresponden con los estándares medios de la población española".

Por ello, instó al Ejecutivo a que reconozca a los gitanos su condición de pueblo "al más alto nivel y como desarrollo constitucional".

"Se trata", dijo, "de reparar la injusticia histórica que significa no tener a los gitanos en el punto de partida, con las mismas posibilidades de desarrollo de sus pontencialidades que el resto de los cudadanos españoles y, por lo tanto, las capacidades de su desarrollo individual, familiar y social, al cien por cien equiparadas al resto de los españoles".

Finalmente, Manuel Martín señaló que el manifiesto del Defensor del Pueblo y los comisionados autonómicos en defensa de los derechos fundamentales de los gitanos "es un documento ejemplar, humano, trascendente, solidario y de un compromiso impresionante".