Perelló hizo esta consideración en su discurso de apertura del Año Judicial, que se celebró en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey. En su intervención, la presidenta del CGPJ señaló que defiende “con firmeza” que España tenga una “Justicia independiente”, reivindicación que dijo que está “lejos del corporativismo”, puesto que se trata de “defender los derechos de los ciudadanos”.

Indicó que la “independencia” de los miembros del Poder Judicial es la “mejor garantía” que se puede dar a la sociedad de que los magistrados, a la hora de tomar una decisión, “lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.

“EXTRAORDINARIA GRAVEDAD”

Sobre las acusaciones de ‘lawfare’ o uso político de los tribunales, dijo que acusar de ello a los miembros es de “extraordinaria gravedad” y puede “llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.

“Una acusación de esta naturaleza”, afirmó, “pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, del Estado de derecho”.

“No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad”, apuntó.

“INSTRUMENTO DE PRESIÓN”

Asimismo, se refirió a que “si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”. “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad”, afirmó.

Según Perelló, “la lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás”.

Manifestó que “no se trata de una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de derecho”.

Por ello, defendió que es necesario “que los poderes del Estado respeten la función que la Constitución asigna al Poder Judicial, un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado, según la teoría constitucional de los balances”.