“No tiene sentido insistir en algo en lo que confío en que haya acuerdo y que no provoque más controversias”, ha afirmado. Lo ha hecho en el transcurso de la Junta de Gobierno de la FEMP, celebrada en Fuenlabrada (Madrid). La Junta de Gobierno de la federación estudiará un acuerdo para dirigirse a los ministros de Hacienda y de Política Territorial con el fin de evitar que la cuestión llegue a los tribunales.

“Hay tiempo para trabajarlo y vamos a hacerlo para evitar que lo que hoy es un anuncio se convierta en un recurso”, ha añadido García-Pelayo. La presidenta de la FEMP ha valorado la experiencia desarrollada en Fuenlabrada con la implicación de asociaciones locales en los actos del 45 aniversario de la FEMP y ha defendido la necesidad de replicar este tipo de proyectos en otros territorios.

También ha reivindicado la necesidad de dar visibilidad a las ciudades intermedias, que “muchas veces son las grandes olvidadas por no ser ni grandes capitales ni pequeños municipios” y ha defendido que la FEMP celebre encuentros en estas ciudades y en pueblos, “para que los vecinos comprueben que la federación sirve para algo”.

Asimismo, ha resaltado la importancia de la firma de convenios sobre asuntos como el recientemente impulsado contra el fraude digital ('stop phishing'), y ha recordado que los delitos cometidos a través de la red están aumentando. Por ello, ha abogado por que la FEMP participe en acciones de formación en ciberseguridad dirigidas tanto a responsables políticos como a técnicos municipales.

Por último, la presidenta ha trasladado su preocupación por los problemas de transporte y conectividad que afectan a numerosos territorios, especialmente en comunidades como Andalucía y Extremadura y ha reclamado una mayor atención a las redes ferroviarias y a las conexiones aéreas, advirtiendo que muchos aeropuertos de segunda categoría están perdiendo vuelos y servicios. “La FEMP debe alzar la voz para que estos déficits se atiendan desde el Gobierno”, ha concluido.

La Junta de Gobierno de la FEMP ha aprobado dos propuestas de enmienda relativas al destino del superávit de las entidades locales a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se trata de enmiendas al proyecto de ley que adopta medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. La primera de ellas plantea que se pueda prorrogar hasta 2026 la posibilidad de destinar el superávit de 2025 a inversiones financieramente sostenibles. Señala también que si un proyecto de inversión no puede ejecutarse en 2026, el gasto se pueda comprometer en 2027.

La segunda enmienda pide una prórroga indefinida, a partir de 2026, para poder utilizar el superávit en esas inversiones (IFS) y también para gastos de carácter general (siempre que la entidad cuente con remanente de tesorería y no supere los límites de endeudamiento).