Así lo apuntó durante su intervención este martes en la Junta de Gobierno y el Consejo Territorial de la FEMP, donde se analizaron diferentes asuntos de interés para los gobiernos locales.

La primera de estas cuestiones es que se actualicen las entregas a cuenta de la participación de los ingresos del Estado. Y la segunda, “que se habilite la posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles en 2026 -entre ellos la construcción de vivienda-, que esa posibilidad sea indefinida, sin necesidad de una norma que lo prevea cada ejercicio y que el plazo de ejecución de las mismas sea plurianual.

“Pedimos que se nos permita reinvertir en nuestras ciudades el esfuerzo de todos nuestros vecinos y que estos vean reflejadas esas mejoras en sus municipios”, manifestó la presidenta de la FEMP.

García-Pelayo recordó que estas cuestiones no se incluyeron en el orden del día de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada el pasado mes de marzo, algo que supuso una “decepción” para la FEMP.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Durante la reunión celebrada en la sede de la federación, se abordó también la situación que afrontan los ayuntamientos ante el proceso de regularización extraordinaria, dado que participan en la tramitación administrativa tanto de la emisión de certificados de empadronamiento como de vulnerabilidad.

La presidenta de la FEMP se refirió a la “inquietud” mostrada por algunos consistorios, que han trasladado a la federación dudas y cuestiones que les preocupan en torno al proceso.

García-Pelayo destacó que la federación está actuando como interlocutor, trasladando la información que le remite el Gobierno, a quien, a su vez, está comunicando las inquietudes o dudas que plantean los gobiernos locales.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Territorial de la FEMP, Judith Piquet, incidió en exigir más medios al Gobierno de España, tal y como están haciendo las propias federaciones territoriales. En este sentido, lamentó que, como se está llevando a cabo de una manera lo más ágil posible, el propio Gobierno ha pedido que la emisión del informe de vulnerabilidad se convierta en un “acto de fe”, sin realizarse de manera completa.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la FEMP, Inés Rey, negó que esta situación esté llegando al colapso en los consistorios, cosa que sí sucede cuando se asumen competencias impropias de las comunidades autónomas. Asimismo, quiso precisar que no se trata de una “regularización masiva, sino extraordinaria”.

A este respecto, la vicepresidenta segunda, Gema Igual, precisó que el proceso es excesivo, y agradeció a la FEMP que esté convirtiéndose en correa de transmisión de información en un momento que hace tanta falta, dado que hay una gran falta de previsión.

Sin embargo, la portavoz de IU, Sumar, En Comú-Podemos, Aida Castillejo, propuso que se contabilice el colapso allá donde se esté dando, de tal manera que se informe al Gobierno y sea la secretaría de Estado la que aclare la situación.

Por parte del PSOE, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, incidió en que el proceso está siendo normal, y es preciso, tal y como se ha abordado en otros momentos recientes. Abogó por la institucionalidad del informe emitido por los ayuntamientos, por lo que insistió en que el proceso está siendo el adecuado.