Así lo trasladó durante las jornadas 'Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial', organizadas por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Parlamento Vasco.

El hemiciclo de Eusko Legebiltzarra acogió este acto que contó, además, con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana; la fiscal superior, María del Carmen Adán, y el presidente de Edeka (Coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad), Aitor Bedialauneta.

Tejería recordó que esta jornada es la segunda organizada por ambas instituciones tras la celebrada en 2024 bajo el título 'Dos años de vigencia de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal: contextualización jurídica y social', que definió como "muy enriquecedoras, por la intervención de todos los agentes que estamos concernidos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad cuando éstas ejercen su capacidad jurídica".

"En ese momento -prosiguió la presidenta del Parlamento Vasco- se abordó la vigencia de una normativa que supuso un hito por el reforzamiento de figuras como las medidas voluntarias de apoyo o la guarda de hecho. Sin embargo, casi cinco años después de su entrada en vigor existen disfunciones y trabas en su aplicación; siguen pendientes de revisión aspectos concretos como el internamiento involuntario o temas bancarios. También celebramos dos décadas de la creación de la Convención de Nueva York sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; los Estados parte han adoptado medidas que consiguen avances, pero quedan camino por recorrer a la hora de alcanzar el goce pleno de los derechos y la promoción de la dignidad inherente del colectivo".

Por su parte Barrio resaltó que la citada normativa supuso para los notarios "una gran responsabilidad jurídica y moral a la hora de defender valores y derechos comprometidos con la igualdad de las personas". Para la presidenta de la Fundación Aequitas "la ley no es suficiente, son necesarios foros que aseguren su aplicación para que no quede sin efectos; como el Foro Aequitas del País Vasco que persigue coordinar y unificar a todas las instituciones relacionadas con la discapacidad para avanzar en la determinación de defectos en su aplicación".

RETOS PENDIENTES

Sobre los retos pendientes, la notaria señaló cuestiones y reformas que deben desarrollarse, tales como: "Establecer un turno de abogados de personas con discapacidad para el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva, eliminar posibilidades de expolio patrimonial, establecer bonificaciones fiscales y en materia de seguridad social, el internamiento involuntario...".

Subijana hizo hincapié en que "uno de los retos de la justicia es la accesibilidad, el derecho al acceso a la Justicia. Es un reto de actitudes, más que de inversión en políticas públicas se trata de la mirada o la forma con la que posibilitamos el ejercicio de un derecho nuclear como el de entender y ser entendido. Hay marcos jurídicos completos, hace falta un giro de perspectiva para alcanzar una mirada aplicativa y proactiva; que jueces y juezas tengan la visión de captar necesidades que precisan atenciones o acompañamientos específicos, que no pasen desapercibidas y generen contextos de indefensión".

Asimismo, el presidente del TSJ vasco demandó que se pueda "entender el lenguaje oral y escrito, la forma y manera de comunicarnos, para permitir que las personas se sientan apoyadas. Las personas con discapacidad no tienen por que transitar solar por el sistema de justicia, se precisa un derecho al acompañamiento con facilitadores, una interlocución ya previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son múltiples retos pequeños que se suman al reto en mayúsculas: construir una justicia al servicio de las personas".

Adán resaltó que "existen derechos fundamentales que creemos consolidados en materia de libertad e igualdad, pero no es así. Debemos seguir proyectándolos y facilitando su ejercicio. Hay agradecimiento al legislador por la Ley 8/21 pero queda mucho que hacer en su aplicación práctica; por ejemplo, en materia de internamientos involuntarios. Desde la fiscalía percibimos que aún existen barreras para que las personas con discapacidad disfruten de autonomía, igualdad efectiva y calidad de vida. Ciudadanía, instituciones y administración de Justicia debemos reforzar nuestro compromiso para eliminarlas".

Por último Bedialauneta, quien se dirigió al auditorio en lengua de signos, puso en valor la importante aportación del movimiento asociativo: "Tras muchos años de desarrollo jurídico, la discapacidad tiene ahora derechos completos, la sociedad nos tiene presentes y se nos reconoce como sujetos activos".

"Las personas con discapacidad deben tomar compromiso en la toma de decisiones, ofreciendo aportaciones para trabajar en red, creando un punto de encuentro de escucha activa que permita a autoridades, administraciones públicas y asociaciones intercambiar opiniones. Seguimos trabajando desde las asociaciones para que los planes de acceso a la justicia se respeten y se lleven a la práctica. Estamos orgullosos de que se nos escuche", concluyó.

Previamente a las intervenciones institucionales, bailarines del grupo Arai Danza, representaron el espectáculo 'Miradas Cruzadas', donde se recogen escenas de su vida cotidiana.

RESTO DE JORNADAS

Tras la ceremonia de apertura, Gonzalo A. López Ebri, ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, pronunció la conferencia 'El ingreso involuntario: historia de una encrucijada'. A continuación, tuvo lugar la primera mesa redonda 'Aspectos prácticos del ingreso involuntario psiquiátrico y residencial', con la participación de María José Cano, vicepresidenta de Edeka; Mikel Merino, agente de apoyo mutuo de Agifes; Jose Mª Bastos, director general de Justicia del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y Catalina Pedrero, fiscal delegada de la protección de personas con discapacidad y mayores del País Vasco.

La primera jornada se cerró con el panel de debate 'Efectos colaterales de la Ley 8/2021. Promoción de la autonomía personal y protección patrimonial de las personas con discapacidad', en la que intervinieron Emilio Olabarría, exparlamentario del Parlamento Vasco, patrono de Aequitas; Rafael Armesto, abogado, red de Juristas de Plena Inclusión (Fevas-País Vasco); Luis Gonzaga, presidente de la asociación Liber, e Íñigo Revilla, notario.

El segundo día de jornadas se inició con la mesa redonda 'Diseño de las medidas de apoyo judiciales y voluntarias: retos actuales', que contó con Almudena Castro-Girona Martínez, notario, directora general de la Fundación Aequitas; María José Segarra, fiscal de Sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores y patrona, además de Josep Tresserras, responsable de relaciones institucionales de la Fundació de Suport Som.

El último panel versó sobre los 'Aspectos bancarios', con la presencia de David Mayor, fiscal adscrito a la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores; José Naguel Gutiérrez, representante de la Fundación Ondoan; Francisco de Asís Paniagua, director de la Asesoría Jurídica de Kutxabank, y Carmen Velasco, delegada de la Fundación Aequitas en el País Vasco, como moderadora.