La sala considera que hay suficientes indicios de criminalidad para llevar a juicio a Mercè Sala, por lo que decreta la apertura del proceso oral y ordena al juzgado que continúe las actuaciones oportunas.

Los hechos de los ue se le acusa sucedieron hace dos años, cuando la actual presidenta de Renfe era regidora del distrito Sants-Montjuic de Barcelona y mandó cerrar unos apartamentos situados en el carrer Nou de la Rambla, en los que supuestamente se traficaba con drogas.

Más tarde el Ayuntamiento volvió a abrirlos, tras comprobar que los vecinos del inmueble vivían en régimen de alquiler y no de pensión, aunque la policía realizó diversas batidas en los apartamentos, al tener constancia que en ellos residían algunos membros de la denominada "banda de los peruanos", dedicada a robar en las autopistas.

El fiscal estima que la presidente de Renfe se excedió en sus funciones al adoptar una medida penal y solicita penas de inhabilitación y destierro por delitos de prevaricación contra la libertad de residencia y contra el ejercicio de los derechos cívicos.