En relación con las manifestaciones realizadas ayer por el presidente del Gobierno, Guilarte le da la bienvenida al “círculo” de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad.

Advierte, sin embargo, que los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el artículo 122.2 de la Constitución” y añade que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.

En este sentido, recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica el Poder Judicial (LOPJ9 los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia y señala: “No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”.

Guilarte insiste en que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta” para realizar nombramientos. En este sentido, señala que la jurisprudencia establece que “la finalidad del Consejo es privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado”, lo contrario sería una “alternativa (…) aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”.

Insiste el presidente del CGPJ en que la provisionalidad de los vocales es responsabilidad directa de la incapacidad de los dos grandes partidos para llegar a acuerdos porque lo que los miembros del Consejo “no somos (…) los culpables de la situación” ni se les puede exigir medidas extremas, como la dimisión en bloque, “encaminada a suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación”.

Insiste en que “toda la presión debe proyectarse contra los responsables de la parálisis del sistema y no cargar sobre el actual CGPJ con absurdas iniciativas para solventar una crisis de la que tan solo somos expectantes sujetos pasivos”.

El presidente del CGPJ advierte que “como única posibilidad de entendimiento, hay que ofrecer fórmulas intermedias con las cuales atemperar la absurda diversidad que paraliza la renovación, para así alcanzar tanto el principal objetivo de renovar el CGPJ como de diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente”.

La realidad actual, añade la carta, “y la necesidad de una inminente renovación de este longevo CGPJ me lleva a apuntar una formula coyuntural que facilite, al menos, la renovación del actual Consejo. La fórmula transitoria más sencilla, en otros casos a mi juicio incongruente, es el sorteo y, para evitar discrepancias, utilizando a tal fin la lista de aspirantes judiciales en vigor”.

Guilarte no ofrece esta salida como solución definitiva, sino que es “una solución de oportunidad solo justificada por la imperiosa necesidad de desalojarnos, pues entiendo que en una sociedad jurídicamente avanzada el aleas evidencia la incapacidad del sistema para valorar objetivamente el mérito y capacidad de los aspirantes a cualquier cargo.