La entidad recoge estas medidas en el documento ‘Propuestas de infancia para la XV legislatura 2025’, su análisis anual de la situación de la infancia en España en el que realiza recomendaciones al Gobierno y a los grupos parlamentarios para “reducir la pobreza infantil, garantizar el acceso a la educación y a la salud, promover espacios seguros y libres de violencia, transformar el sistema de protección y mejorar la calidad del medio ambiente”.

El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, consideró prioritario “aumentar la inversión pública en políticas de apoyo a la infancia y a sus familias, ya que España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en este tipo de políticas”, como lo atestigua que “sólo destina el 4,1% del PIB per cápita, mientras que la media europea se sitúa en el 7,2%”.

En lo concerniente a la infancia migrante no acompañada, Ricardo Ibarra denunció que “se vulneran sus derechos imponiéndose las políticas migratorias a la de protección”, reseñando que “la principal causa de estas vulneraciones es que la condición de migrante se antepone a su condición de niña, niño o adolescente”.

Por ello, la Plataforma de Infancia propone “garantizar que la reforma del procedimiento de determinación de la edad para la infancia migrante se realice de acuerdo con los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”.

Por su parte, la entidad puso de manifiesto “la falta de enfoque de infancia en las políticas medioambientales”, en un momento en el que “el derecho de la infancia a un medioambiente saludables ha ido adquiriendo importancia en la agenda política gracias a las movilizaciones de niñas, niños y adolescentes”.

También subrayó que la violencia se mantiene como “un problema alarmante”, como lo acredita que en 2023 se presentaron un total de 65.382 denuncias que tenían como víctima a un menor de edad. De ellas, 9.185 lo fueron por delitos contra la libertad sexual, un 10,2% más que en 2022.

Del mismo modo, la Plataforma de Infancia advirtió de que más de mil menores de seis años crecen en centros de protección y alertó de que “no se prioriza el acogimiento familiar como medida alternativa”.

Por último, la entidad conminó a que la infancia y la adolescencia “tenga acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección”.