Estos supondrán a las arcas del Estado 254.786 millones de pesetas, y la principal reducción se produce en los gastos derivados de la LISMI (Ley de Integración Social de Minusválidos), que ascenderán a 80.179 millones de pesetas, un 27,8 por ciento menos que en 1993.

Sin embargo, el Gobierno justificó esta reducción por la incorporación de los muchos inusválidos a las pensiones no contributivas -al igual que otros beneficiarios de las Fuerzas Armadas-, que han experimentado un incremento del 85,1 por ciento.

Por su parte, la Sanidad se verá beneficiada con un incremento presupuestario del 6,5 por ciento (2,9 billones de pesetas), y las prestaciones económicas -pensiones, invalidez, ILT, entre otras- del 9,7 por ciento, con un monto total de 6,6 billones de pesetas.