La propuesta de regulación de los precios que cobra la Administración por ofrecer esta información está incluida en el Antproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000.

El precio que cobra la Administración por ofrecer esta información ha motivado las quejas y protestas de las organizaciones sociales desde que en 1995 se aprobó la ley sobre libertad de acceso a la información ambiental, ya que consideran que se imponen unos precios abusivos y discrecionales.

El anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos modifica esta normativa para aclarar que "el suministro d la información en materia de medio ambiente dará lugar, en su caso, al pago de las contraprestaciones económicas que puedan establecerse, sin que las cantidades a satisfacer puedan exceder de un costo razonable, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente normativa sobre tasas y precios públicos".

Además, se eliminan muchas de las causas que la ley recogía como elementos suficientes para denegar la información requerida y se suprime el "silencio negativo", que eximía a la Administración de la obigatoriedad de comunicar al demandante que su petición había sido denegada.

Igualmente, el anteproyecto de ley de acompañamiento posibilita la interposición de recurso en vía administrativa frente a la denegación de información, algo que ahora no es posible.