Así se pronunció durante su intervención en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde compareció para responder a preguntas de PP y Vox centradas en las agresiones en las cárceles y en la seguridad de los funcionarios de prisiones.

En concreto, Ortiz apuntó este dato en respuesta al diputado del PP Juan Antonio Rojas, quien previamente le había preguntado por su opinión respecto a la incautación el pasado año de 1.327 “pinchos artesanales” en los centros penitenciarios españoles fabricados por los propios internos.

Según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, las incautaciones de objetos punzantes desde 2018 “fluctúan”, con un mayor descenso en los años de la pandemia, 2020 y 2021, algo que, dijo, es el resultado de la aplicación de las medidas de detección por parte de los profesionales penitenciarios dentro de los centros.

Unas medidas estas que, explicó, establecen que dos veces por semana se revisan todas y cada una de las dependencias del centro y diariamente “aquellas que por sus características se considera necesario”. De ahí que destacara la labor “relevante” que realizan los funcionarios de prisiones, poniendo de relieve su “profesionalidad”.

Pero Ortiz también quiso poner el foco en la incautación de "sustancias tóxicas" dentro de la estrategia implementada por la Secretaría General para hacer frente a la introducción, tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. En este punto, detalló que desde la “experiencia piloto” del año 2018 la Administración Penitenciaria ha impulsado la creación progresiva de unidades caninas en los diferentes establecimientos.

En la actualidad, confirmó, 31 centros penitenciarios cuentan ya con unidades caninas propias integradas en 60 equipos cinológicos, las cuales prestan servicio a otros 28 centros en la zona geográfica en la que operan.

Así, apuntó que durante el pasado año, estas unidades detectaron sustancias estupefacientes en 1.915 ocasiones. Un trabajo que, subrayó, “es más que positivo”, señalando al respecto ese descenso del 80% del número de presos fallecidos por sobredosis entre 2018 y 2025.

En concreto, según los informes generales anuales de Instituciones Penitenciarias, en 2018 se registraron 61 muertes por este motivo, cayendo a 37 en 2019 y 30 en 2021. Los últimos datos conocidos según estos informes son los correspondientes al año 2023, cuando se registraron 24 casos, destacándose que suponía un descenso del 60%. Por ello, según lo apuntado por Ortiz, que no aportó cifras concretas, estas muertes por sobredosis se situarían en 2025 en una docena.