La organización, que representa a 65.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica en España, centra así sus peticiones de cara a las elecciones generales del 23 de julio en el recorte de la retribución a las inversiones en renovables realizadas en 2007. Entonces, el Estado pidió un esfuerzo al tejido empresarial con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos.

Todos estos objetivos se alcanzaron con éxito, pero desde Anpier recordaron que "el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones". No obstante, "la suerte" de los inversores nacionales y los internacionales en los tribunales fueron por caminos distintos cuando procedieron a reclamar las compensaciones por los daños causados por los recortes.

Como relata Anpier, la justicia española consideró que estos cambios deberían de haber sido previstos por estas familias, "a pesar de que en las campañas y en los detallados materiales que difundió la Administración del Estado para captar las inversiones de estas familias jamás se contemplaba un escenario de cambio de condiciones".

En cambio, los inversores internacionales, "previendo escenarios tan inverosímiles como los que, efectivamente, vivieron las familias españolas", no acudieron a los tribunales españoles, sino que -facultados por las normas de competencia de la Carta de la Energía- pidieron justicia en el Ciadi, el órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, que ha dado a conocer distintos laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores.

En este contexto, los productores nacionales de energía fotovoltaica denunciaron que distintos medios de comunicación han informado recientemente de que los servicios jurídicos de varias de las empresas extranjeras que han ganado laudos al Estado español por el recorte a las renovables en 2013 han mantenido conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos, "y que éste se habría mostrado receptivo a las reclamaciones de los afectados".

Por ello, Anpier denuncia que "no encuentra la misma receptividad hacia los nacionales, los ciudadanos españoles, que sufren los mismos recortes y que están siendo condenados al ostracismo".