La Ley de Actualización de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que quedó pendiente de aprobación en la anterior legislatura, contemplaba la necesidad de efectuar modificaciones en la normativa de regulación del profesorado universitario, con especial referencia a los profesores asociados.

El Gobierno tomó esa decisión ante la poibilidad de que puedan efectuarse esas modificaciones el próximo curso académico y para evitar distorsiones en la actividad académica de las universidades hasta que quede regulado jurídicamente el personal docente contratado.