Fernando Lezcano, secretario general de la federación, destacó en rueda de prensa la necesidad de iniciar las conversaciones con el ministerio antes de que se negocie el traspaso de competencias educativas con las comunidades autónomas, "para que las transferencias se haan en las mejores condiciones".

Las reivindicaciones del sindicato respecto a las condiciones laborales del profesorado se centran, en primer lugar, en la oferta de empleo público (convocatoria de oposiciones). Según Lezcano, el objetivo es crear 20.000 puestos de trabajo para cuando finalice la aplicación de la reforma educativa (en 4 años). Para ello es necesario que la oferta de empleo público que se haga en 1998 tenga al menos 4.500 plazas.

El Estatuto de la Función Pública Docente que el sinicato quiere negociar con el MEC recopilaría las normas vigentes que regulan la situación de los funcionarios que trabajan en el ámbito educativo. Dicho estatuto recogería los sistemas de acceso, movilidad, retribuciones, permisos, jubilación, etc. de los profesores.

Por otro lado, exigen el compromiso del Gobierno para aplicar el acuerdo de plantillas para primaria y secundaria que se negoció con la Administarción anterior, ya que permitiría que el profesorado de primaria pueda reducir a 21 las horaslectivas, frente a las 25 actuales, con el fin de dedicar la diferencia horaria a su formación.

Por lo que se refiere a las medidas necesarias para garantizar la aplicación del nuevo sistema educativo, CCOO propone un cálculo de las plantillas necesarias para atender la diversidad del alumnado que contempla la reforma, planificar la oferta de ciclos formativos de la nueva Formación Profesional y los módulos de Garantía Social, y determinar las plantillas del primer ciclo de la ESO, con el objetivo de gualar las condiciones de trabajo al resto del profesorado de secundaria.

Otra de las propuestas se centra en modificar la organización de las listas de interinos, que actualmente obliga a rotar cada año en el puesto de trabajo, para lograr una mayor estabilidad que favorezca a los centros y a los maestros.

La central propone también el mantenimiento de la jubilación incentivada a los 60 años, una vez acabado su período de aplicación a lo largo del proceso de implantación de la reforma, y la recueración y mantenimiento del derecho a la matrícula gratuita en universidad para los trabajadores, como mecanismo de formación permanente.

Lazcano se mostró optimista respecto a la negociación de estas propuestas con el ministerio, ya que a su juicio "la propia Administración puede estar interesada porque es consciente de las dificultades que supone el traspaso de competencias, más aún sin haber resuelto los problemas existentes".