LOS PROMOTORES AEGURAN QUE EL PLAN DE VIVIENDA 1992-95 NO FUNCIONARA EN MADRID, "AUNQUE NOS REGALEN EL SUELO"

MADRID
SERVIMEDIA

El vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José María Pérez Herrero, aseguró hoy que "el Plan de Vivienda 1992-95 puede funcionar en alguna comunidad autónoma, pero en la de Madrid no saldrá adelante, aunque nos regalen el suelo".

Pérez Herrero hizo estas declaraciones en un encuentro que mantuvo hoy con los periodistas para informar obre la situación del sector de la vivienda en madrid, en el que también participó el presidente de Asprima, Javier García-Valcárcel.

Los responsables de Asprima insistieron en que no se puede acusar a los promotores privados de que no quieren hacer viviendas de protección oficial (VPO), ya que "aunque se nos regale el suelo, no nos salen los números con los módulos fijados por el Gobierno para las VPO y las viviendas de precio tasado".

El módulo es el precio de referencia que marca la Administraión para fijar el precio máximo de venta de las viviendas. En ciudades como Madrid, el módulo ponderado establecido por el Gobierno se sitúa en 84.167 pesetas por metro cuadrado (m2) útil, lo que supone un precio máximo por m2 útil de 101.000 pesetas para la VPO en régimen general, 126.250 pesetas para la vivienda a precio tasado y 143.084 pesetas en Madrid.

Según Pérez Herrero, con esos módulos, la Administración pretende que los promotores construyan en Madrid VPO a un precio de 80.800 pesetas por m construído, mientras sólo el coste de la vivienda, sin incluir el del suelo, se sitúa en 87.320 pesetas por metro cuadrado.

El vicepresidente de los promotores inmobiliarios madrileños hizo hincapié en que "con estos módulos no podemos construir VPO, ya que no podríamos pagar nuestras nóminas". Añadió que "mientras no se ajusten los precios de venta a los costes reales de la vivienda, no se podrá hacer una política de vivienda".

Pérez Herrero señaló que "la situación de la vivienda es muy grave,especialmente en ciudades como Madrid, donde con el Plan de Vivienda del Gobierno no vemos expectativas de que se solucione". A su juicio, "si en el futuro los precios de los módulos se adecúan a la realidad, el sector privado podrá ponerse en marcha y solucionar el problema de la vivienda como viene haciendo desde hace años".

En cuanto a la vivienda a precio tasado, García-Valcárcel dijo que "nos tememos que tampoco salga adelante en el Ayuntamiento de Madrid, salvo que se nos facilite suelo urbanizao a un precio que no supere el 15 por ciento del precio de venta de la vivienda".

ESCASEZ DE SUELO

El presidente de Asprima resaltó la escasez de suelo edificable existente en Madrid, lo que, en su opinión, repercute en el precio final de la vivienda. Insistió en que son los ayuntamientos los que tienen el poder para aumentar la oferta del suelo y reducir su precio.

También habló de los problemas que tienen los ciudadanos para financiar una vivienda. Asprima propone la creación de un préstamo epecífico para vivienda con tipos de interés más bajos y plazos de amortización mayores.

Según esta asociación, un crédito con un tipo de interés al 7 por ciento y un plazo de amortización de 30 años permitiría a los ciudadanos pagar créditos de 15 millones con una mensualidad de 100.000 pesetas, lo que permitiría a muchos acceder a una vivienda.

García-Valcárcel destacó también la necesidad de reducir la presión fiscal sobre la vivienda, al tiempo que insistió en que la política de vivienda no pude centrarse sólo en la vivienda en venta, sino que es necesario promocionar la vivienda en alquiler.

Por ello, instó al Consejo de Ministros a que apruebe urgentemente la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, porque sin ella, "el Plan de Vivienda 1992-95 quedará cojo y necesitará de muletas importantes".

Dijo que esta nueva ley no sólo debe reformar el denominado "decreto Boyer" sobre alquileres, sino que tiene que dejar al margen las oficinas y locales, establecer una sóla subrogación de las vivendas y acabar con las rentas antiguas, con las que muchos propietarios no pueden pagar ni los gastos que les ocasiona tener la vivienda.

(SERVIMEDIA)
20 Mayo 1992
NLV