En un comunicado, la patronal de los promotores consideró que el problema de la vivienda es de oferta y requiere más suelo finalista, agilidad en la tramitación urbanística y de licencias, seguridad jurídica y colaboración público-privada. "Ninguna de estas cuestiones aparece en ninguno de los dos reales decretos leyes”, se quejó APCEspaña, que criticó que “con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más”.

Un primer real decreto-ley contiene medidas como la paralización temporal de las compras especulativas de vivienda por parte de los denominados ‘fondos buitre’, la modificación de la fiscalidad de las socimis para orientar su inversión hacia la vivienda asequible y la regulación del alquiler de temporada y habitacional.

Además, incorpora un IVA del 10% para los pisos turísticos, deducciones fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a unos 33.000 euros y una línea de préstamos hipotecarios al 0% para familias sin ahorros.

Un segundo real decreto-ley está centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual y aún debe negociarse con los grupos parlamentarios.

La asociación valoró positivamente la extensión del tipo superreducido del IVA del 4% a la vivienda de protección oficial. También respaldó las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotadas con hasta 2.000 millones de euros para promover vivienda de alquiler social y asequible y con otros 280 millones para impulsar la construcción industrializada.