Así lo explicó hoy en rueda de prensa el secretario general de la asociación que representa a los promotores madrileños (Asprima), José Manuel Galindo, quien manifestó su "incredulidad" sobre la eficacia de las medidas puestas en marcha por Trujillo para lograr aumentar el número de viviendas en alquiler.

"La verdad es que no soy nada optimista con las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno en el mercado del alquiler, es cierto que sólo ha transcurrido un año, pero existen demasiados factores que lastran la evolución futura de este mercado", señaló.

En este sentido, Galindo recordó que la comparación con Europa "pone de relieve que en el parque español la importancia de este régimen de tenencia es reducida", ya que España tiene, en términos relativos, el porcentaje de pisos en alquiler más bajo de la Unión Europea.

De hecho, en Francia o Reino Unido la tasa de este tipo de inmuebles con respecto al total del sector residencial es del 38% y 31%, respectivamente, mientras que en España sólo el 11% de las familias vive en una casa arrendada.

INCENTIVOS FISCALES

El secretario general de Asprima también explicó que la escasa diferencia cuantitativa entre el pago mensual de la renta de alquiler (sin incentivos fiscales) y el pago de la cuota hipotecaria (con deducciones en el IRPF) "justifican una mayor preferencia por la compra".

En la actualidad, el pago mensual del alquiler representa, de media, el 85% de la cuota hipotecaria pagada por la compra de una vivienda de características similares.

Por la vertiente de la oferta, Galindo aseguró que "las modestas rentabilidades de este mercado hacen difícil atraer la inversión de los promotores", a lo que "se suma la inseguridad jurídica que padecen los arrendadores al efrentarse a un desahucio y la gravosa fiscalidad para los promotores patrimonialistas".

No obstante, el secretario general de Asprima abrió una puerta a la posibilidad de que se produzca un impulso de este mercado, ya que el peso de la rehabilitación en la actividad promotora está muy por debajo del 37% que registran, de media, los países de la Unión Europea.