Federtur recuerda que el decreto no fue sometido "al debate parlamentario y al consenso" y, promueve la eliminación de los pisos turísticos legales de particulares. "La desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el decreto Aragonès, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Cataluña por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York", lamenta Federatur.

"Este decreto expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras, convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo”, denunció el presidente de Federatur, David Riba.

RECOGIDA DE FIRMAS

Asimismo, la asociación ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios para presentar un escrito en el Parlament con el objetivo de que se reabra el debate político, ya que consideran que el decreto se aprobó en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo.

Por todo ello, la patronal recordó que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se mostraron contrarias a la legislación catalana. Advierten de que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta de vivienda, que la eliminación de las viviendas turísticas.

Asimismo, indicaron que el decreto ley catalán, que ya denunciaron frente a las instituciones europeas, "infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y contraviene la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa".