El portavoz de la propiedad aseguró a Servimedia que “es una finca modernista en pleno Ensanche, donde cuatro arrendatarios, cuyos contratos han finalizado, y que no están en riesgo de exclusión social, quieren seguir pagando rentas bajas, de forma indefinida, aunque la ley no los ampare y cause indefensión a la propiedad".

Indicó que la nueva propiedad tiene un plan de actuación para subsanar “importantes deficiencias” del edificio histórico, y aplicará la ley “tanto para los vecinos que aún conservan ese derecho como para los que ya no lo tengan”. Añadió que "la ley está para cumplirse y seremos legal y jurídicamente implacables en este tema". También que están estudiando "el caso de la posible implicación y connivencia entre la alcaldesa, otros cargos del Ayuntamiento de Barcelona, el Sindicat de Llogateres y los vecinos implicados en el acoso, la incitación y la gestión activa de la ocupación ilegal de pisos en la finca”.

La propiedad de Casa Orsola denuncia como una “grave injerencia” que la alcaldesa Ada Colau “en persona siga el acoso institucional al inmueble con una carta enviada el día antes de nuevas manifestaciones y protestas convocadas por grupos activistas de la ocupación ilegal”.

Estos hechos, a entender de la propiedad, podrían constituir indicios de “la total coordinación y la plena connivencia entre la alcaldesa y estos grupos, que se hacen llamar Sindicat de Llogateres. La carta es un conjunto de falsedades, que sorprende que esté enviada en papel con membrete del Ajuntament de Barcelona y firmado por la alcadesa. De todo lo que detalla, lo único cierto es que reconoce que no tiene competencias para cambiar las leyes sobre vivienda, y añade que le parecen injustas, lo cual es muy personal y respetable como mera opinión”.

Los representantes legales de la nueva propiedad denuncian que desde hace meses sufre “el acoso institucional de varios grupos de activistas y afronta impagos y ocupaciones en el inmueble”, y consideran que la carta oficial de Ada Colau les ofrece una base sólida para valorar si emprenden acciones legales y penales tanto a título personal como institucional contra la alcaldesa, así como contra los líderes activistas.

“La carta y las evidencias de las acciones activistas de ayer frente a la Casa Orsola constituyen indicios de ‘difamación, prevaricación, amenazas y coacciones’ y el equipo jurídico de la propiedad, como se ha indicado, tiene la instrucción de valorar la interposición de acciones legales en la mayor brevedad posible”, afirma la propiedad, que insiste en que no va a ceder en sus derechos, que su actuación “es lícita de principio a fin” y que su causa solo hace que preservar la seguridad jurídica de la propiedad privada en Barcelona y “velar para que se asegure el cumplimiento de la libertad de los propietarios de inmuebles en Barcelona”.

Asimismo, reiteró que por su parte se mantiene la voluntad de negociación y que las conversaciones con los vecinos siguen abiertas.