Vivienda
Los propietarios de viviendas critican tener que “asumir” las “consecuencias” de la política del Gobierno
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La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) cargó este miércoles contra el nuevo decreto de vivienda aprobado por el Gobierno al considerar que vuelve a trasladar a los propietarios las consecuencias de las políticas públicas en materia de vivienda y añade nuevas restricciones que, a su juicio, agravarán la reducción de la oferta de alquiler.
Según informó la organización, el decreto "penaliza a quienes aportan vivienda al mercado" y vuelve a convertir al propietario en "escudo social del Estado", al mantener limitaciones y obligaciones que considera impropias de una política orientada a incrementar la oferta residencial.
Asval sostuvo que la norma reconoce un déficit de 750.000 viviendas en España, pero respondió a ese problema con más controles sobre el alquiler, nuevas restricciones a determinadas adquisiciones y una mayor intervención sobre los contratos.
"No se puede ampliar la oferta castigando a quienes ponen vivienda en el mercado. Cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda empuja a más propietarios a retirarse", afirmó la asociación.
GRANDES TENEDORES
La organización criticó especialmente la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030 de las limitaciones a determinadas adquisiciones de viviendas y denunció que la norma equipara a los grandes tenedores con los especuladores.
Según Asval, el decreto somete a estas restricciones a las personas jurídicas con más de diez viviendas, o más de cinco en zonas tensionadas, sin diferenciar entre fondos de inversión, pymes o sociedades familiares dedicadas al alquiler de larga duración.
La asociación consideró que utilizar exclusivamente el número de viviendas como criterio para imponer restricciones supone una "simplificación ideológica" que perjudica a quienes tienen capacidad para invertir en vivienda residencial.
Además, advirtió de que la regulación también alcanza a pequeñas empresas y sociedades familiares que superen esos umbrales, especialmente en zonas tensionadas.
VENTA DE VIVIENDAS
Asval cuestionó asimismo el refuerzo del derecho de adquisición preferente de los inquilinos, al entender que limita la capacidad de los propietarios para vender sus inmuebles.
Según explicó la asociación, un propietario que quiera transmitir una vivienda alquilada deberá ofrecerla previamente al arrendatario en las mismas condiciones, incluso cuando pretenda venderla a familiares, salvo en determinados supuestos excepcionales previstos por la norma.
Para la organización, esta medida supone una nueva injerencia en el derecho de propiedad y dificulta la libre disposición de los inmuebles.
DESAHUCIOS Y ALQUILERES
La asociación criticó también el nuevo régimen aplicable a determinados procedimientos de desahucio por impago cuando el arrendatario se encuentre en situación de vulnerabilidad económica.
A su juicio, el decreto mantiene el criterio de que, cuando la Administración no proporciona una alternativa habitacional, las consecuencias terminan recayendo sobre el propietario, que puede ver prorrogada la ocupación de su vivienda pese a disponer de una resolución judicial favorable.
Asval cuestionó igualmente la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y la limitación de las actualizaciones de renta hasta el 31 de diciembre de 2027.
La organización señaló que estas medidas se aplican con carácter general a los propietarios mientras sus costes de mantenimiento, impuestos o gastos de comunidad continúan aumentando.
FISCALIDAD
Por último, la asociación denunció que el nuevo sistema de incentivos fiscales penaliza a los propietarios que adapten la renta al precio de mercado y criticó también los recargos previstos sobre el IBI para determinadas viviendas desocupadas.
Asval defendió que la solución a la crisis de vivienda pasa por aumentar la oferta mediante más construcción, movilización de suelo y colaboración público-privada.
"El alquiler asequible no se decreta, se produce", concluyó la organización, que reclamó una reforma de la política de vivienda basada en la seguridad jurídica y en el aumento de la oferta disponible.
(SERVIMEDIA)
07 Oct 2026
JMS/gja


