Ferraz, a través del director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, envió dicha carta en la que apela al artículo 98 del Reglamento del Congreso y el artículo 73 del Reglamento del Senado para que se “establezcan unas reglas claras, que con respecto al artículo 20 de la Constitución española sobre criterios técnicos y profesionales, articulen la concesión de acreditaciones” y que “reglamenten el procedimiento sancionador que pudiera suponer la retirada de credenciales para evitar que aquellos que no respeten las reglas deontológicas dispongan de ellas en la sede de nuestra soberanía".

Demanda “establecer reglas técnicas para su concesión o retirada, no se puede entender un ataque contra la libertad de expresión e información cuando no se respetan ni los derechos fundamentales de los demás ni los requisitos para su ejercicio, en particular, el derecho y la obligación de difundir información veraz”.

El PSOE recuerda que “en los últimos días” han “pedido amparo ante las asociaciones de la prensa y la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, en defensa de las libertades de información y expresión, el buen ejercicio profesional del periodismo, y de la reputación de los periodistas en el cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio del periodismo, como responsables de que estos principios rijan y se garanticen entre los profesionales y los medios de comunicación”.

En la misiva, el PSOE sostiene que los hechos que está investigando la Fiscalía fueron el “colofón” de lo que desde hace “algunos años venimos observando respecto a la aparición de estos pseudo-medios y pseudo-periodistas, bajo la apariencia de ‘activistas’, ‘blogueros’, ‘youtubers’, ‘tuiteros’, y cuyos comportamientos no se ajustan a las más mínimas reglas deontológicas de los profesionales de la comunicación y tienen como actividad principal la difusión de fake news y amplificar y difundir discursos de odio”.