El voto favorable fue explicado por el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, quien indicó que el Gobierno considera que ya hay “controles suficientes” en este ámbito, pero que para el partido “lo que abunda, no daña”, en el sentido de que se puede reforzar esta vigilancia.

López añadió que también debe quedar claro que en la actual esfera internacional “no habrá nadie que encuentre” un presidente como Pedro Sánchez, del que destacó que es uno de los “más firmes denunciando lo que está haciendo Israel y en la protección internacional de lo que de los gazatíes”.

“Este Gobierno y este presidente han sido el más firme y el que siempre va un paso por delante del resto de los de los países”, afirmó.

SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS

La proposición de ley debatida este martes plantea una reforma de la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. El objetivo central es introducir la figura del embargo y su régimen jurídico.

De aprobarse, la iniciativa permitiría la imposición automática e integral de embargos sobre la compraventa, transferencia y tránsito de armas y material relacionado con Estados acusados de cometer crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad ante tribunales internacionales cuya jurisdicción haya sido reconocida por España.

La propuesta busca subsanar las lagunas de la normativa vigente, que hasta ahora dejaba la aplicación de embargos a la interpretación y a la discrecionalidad política, y no contemplaba mecanismos automáticos ni suficientemente transparentes.

En concreto, la reforma establece que, si un Estado es formalmente investigado por un tribunal internacional por estos crímenes, se activaría de inmediato un embargo total: se cancelarían todas las autorizaciones vigentes, se prohibiría la concesión de nuevas y se impediría cualquier tipo de colaboración militar, incluyendo financiación, asistencia técnica y tránsito por territorio español.