Según Narbona, este tipo de contratos entrañan el riesgo de que las prioridades para la construcción de infraestructuras hidráulica se establezcan en función del interés de las empresas constructoras y no del interés público.

Además, la diputada socialista puso en duda que la financiación extrapresupuestaria de estas obras no repercuta en el precio del agua, encareciéndolo, al dar entrada a la iniciativa privada.

Narbona señaló que el contrato de concesión puede promover la construcción de embalses y desaladoras de peaje, ya que podrán ser explotados por la iniciativa privada durante un máximo de 75 años para recuperar la inersión.