El dictamen de la citada comisión sobre este proyecto salió adelante gracias al voto afirmativo de los nueve diputados del PP. Ocho de IU y el PSM se abstuvieron y decidieron esperar hasta su aprobación definitiva en la sesión plenaria del 19 de mayo para ofrecer su posición final, a la espera de que el PP acepte algunas de sus enmiendas, rechazadas hasta la fecha.

El punto más controvertido está relacionado con la sedación de pacientes terminales, ya que el socialista Eduardo Sánchez Gatell defendió la posibilidad de ofrecer el "consentimiento informado y diferido", por escrito, de las personas que deseen este tipo de atención paliativa, incluso "si puede acelerar su fallecimiento".

Gatell planteó también su rechazo a que los médicos puedan objetar y no aplicar las últimas voluntadas registradas en un documento y declaró que hasta el último momento no se sabrá si apoya este proyecto y que todo depende de la voluntad de diálogo del PP, aunque admitió que la ley en sí ya es un avance.

La diputada de IU Caridad García también defendió una enmienda en la que pide que la sedación se practique como medida de "alivio del dolor, aunque ello pueda suponer el fallecimiento del paciente.

El diputado del PP Javier Rodríguez rechazó las enmiendas de la oposición sobre este asunto y defendió que el proyecto del Gobierno regional admite la sedación, aunque no especifica los tratamientos concretos a aplicar en casos de cuidados paliativos.

Señaló que este proyecto sigue las recomendaciones de la OMS y el Consejo de Europa, que admiten la sedación siempre que no se intente "acelerar o parar la muerte" y rechazan la legalización de la eutanasia o primar los cuidados paliativos.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno establece que "una persona, mayor de edad, capaz y libre puede manifestar anticipadamente su voluntad, al objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente, y también sobre los cuidados y el tratamiento de la salud que desea recibir, o una vez producido el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos o piezas anatómicas".

El proyecto contempla la creación del Registro Madrileño de Instrucciones Previas, que quedará adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo, que tendrá entre sus funciones la custodia, conservación y accesibilidad de los documentos de instrucciones previas emitidos en el territorio de la Comunidad de Madrid.