La portavoz socialista, Reyes Maroto, expuso las conclusiones del documento titulado 'La oportunidad para Madrid del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes 2026' ante diversas entidades sociales de apoyo a inmigrantes. Durante el acto, defendió que esta medida servirá para "ordenar el mercado laboral y fortalecer la cohesión social".

Ante la previsión de que el proceso comience a principios de abril, Maroto anunció que llevará al próximo Pleno municipal una proposición para abrir hasta tres nuevas Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento. Estas se sumarían a las dos únicas existentes actualmente, ubicadas en Tetuán y Carabanchel, que el PSOE consideró insuficientes para una ciudad de 3,52 millones de habitantes.

Maroto señaló que “vivir en una situación de irregularidad administrativa significa vivir con miedo, invisibles, al margen de las instituciones, estar expuestos a todo tipo de explotación, desprotección legal o la exclusión de facto de derechos y servicios públicos esenciales". A ese respecto, expresó que la "regularización es, por tanto, una de las políticas más efectivas de lucha contra las desigualdades”.

El informe presentado detalla que la población migrante representa ya el 20% de los habitantes de Madrid (705.056 personas). Aunque más de 312.000 están afiliadas a la Seguridad Social en sectores clave como los cuidados o la hostelería, el estudio estima que 120.000 vecinos en situación irregular podrían normalizar su estatus administrativo con el nuevo decreto.

La presencia de personas migrantes, según el PSOE, está distribuida por todos los distritos, con mayor concentración en Carabanchel y Puente de Vallecas, que suman más del 20% del total. Seis nacionalidades concentran la mitad de la población migrante: Venezuela, Colombia, Perú, China, Italia y Rumanía. El documento también subraya que el saldo migratorio exterior es el principal factor de crecimiento poblacional, con más de 135.000 altas procedentes del extranjero en 2024.

En lo que respecta a la contribución laboral, según los socialistas existen más de 312.000 personas migrantes afiliadas a la Seguridad Social, el 19% del total de afiliación en Madrid. El 88% trabaja en el sector servicios, especialmente en hostelería, comercio y trabajo doméstico. La población migrante presenta una inserción laboral heterogénea pprque ocupa tanto empleos operativos como puestos de alta cualificación y responsabilidad. A ese especto, la portavoz defendió que el precedente de 2005, demostró que Madrid fue la comunidad más beneficiada al aflorar 130.000 trabajadores de la economía sumergida.

El estudio del PSOE también señala que el impacto económico de la medida supondrá una reducción de la economía sumergida, una mejora de la calidad del empleo, mayor cobertura de la mano de obra en sectores estratégicos y un aumento de las cotizaciones a la seguridad social y los ingresos públicos.

Por su parte, la concejala responsable de Servicios Sociales, Ana Lima, reclamó recursos humanos y técnicos para afrontar la demanda. Lima subrayó que garantizar el acceso a este trámite es una cuestión de "justicia social" y abogó por la coordinación entre administraciones y el tejido asociativo.