En sus alegaciones, el grupo socialista advirtió de que la norma plantea una transformación profunda del sistema urbanístico, al sustituir la planificación global por un modelo fragmentado que abre la puerta a actuaciones aisladas sin una visión de conjunto. Este enfoque, según los socialistas, carece de una evaluación adecuada de su impacto en el territorio, las infraestructuras o la calidad de vida.

Uno de los aspectos más preocupantes a juicio del PSOE es "el retroceso en materia de vivienda pública". El anteproyecto, según el PSOE, elimina o debilita las reservas obligatorias de vivienda protegida, "reduce las cesiones públicas y no establece mecanismos eficaces para vincular el incremento de valor del suelo a la generación de vivienda protegida".

La portavoz socialista, Reyes Maroto, afirmó que “el acceso a la vivienda en Madrid es una emergencia social” y que esta ley “no solo no aporta soluciones, sino que desmantela las pocas herramientas eficaces que existen para garantizar una vivienda pública”. Para Maroto, es “un paso atrás inaceptable”.

Maroto acusó al Gobierno de la Comunidad de Madrid de renunciar “deliberadamente a impulsar vivienda protegida” y de dejar el acceso a la vivienda “en manos del mercado, priorizando el interés de los promotores inmobiliarios y favoreciendo la especulación”. “Con esta ley del pelotazo, el Partido Popular está poniendo Madrid en venta”, subrayó. Además, consideró “incomprensible" que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "no deja de hablar de vivienda, permanezca callado ante una ley que reduce la vivienda protegida”.

Por otro lado, denunció que el anteproyecto supone una “invasión clara de las competencias municipales”, relegando a los ayuntamientos a un papel secundario y concentrando el control urbanístico en la Comunidad de Madrid. “Con esta ley, el Ayuntamiento de Madrid pierde capacidad para decidir sobre su propio modelo de ciudad. Se vacía de contenido la autonomía municipal”, señaló Maroto.

Finalmente, la portavoz alertó de que la ley "debilita el control democrático del urbanismo y la participación ciudadana" además limitar, a su juicio, los mecanismos de control técnico y jurídico. Por todo ello, el PSOE solicitó la retirada del anteproyecto y la apertura de un proceso de revisión para garantizar un urbanismo “más equilibrado, sostenible y orientado a ofrecer herramientas para garantizar una vivienda pública”.