Así lo avanzó en una entrevista con Servimedia en la que atribuyó la aprobación de la iniciativa a una “deriva ultra del PP en la ciudad y en la Comunidad de Madrid” y señaló que Vox y PP “ya no se diferencian en nada”.

Más allá del análisis jurídico que están haciendo los socialistas para llevar la medida a los tribunales, exigió al alcalde que la retire como “responsable máximo de que esa iniciativa haya salido adelante”. “Si realmente quiere cumplir el marco legal, que la retire”, solicitó.

Por otra parte, explicó que, si no lo hace, apelará al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que “desautorice” a Almeida y pedirá la celebración de un Pleno extraordinario en el que se debata la eliminación de la medida y el PP “rectifique”. Recordó también que los grupos cuentan como herramienta legal con el “recurso de reposición”.

Según la medida aprobada ayer, martes, el Consistorio, “a través de las diferentes áreas implicadas, proporcionará información, de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre este síndrome” en los centros de atención al público de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad y su futuro equivalente, los Centros Integrales de Atención a la Mujer, además de Samur Social, los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid, las webs oficiales de estos organismos y la cartelería y folletería en los ámbitos mencionados.

Maroto afirmó que la ley “protege el derecho a la mujer a decidir libremente con información veraz y sin presiones sobre su cuerpo” y relató que en la iniciativa también incluye a los servicios sociales como mecanismo para informar sobre este síndrome, lo que obligaría a que los propios trabajadores tuvieran que hacer efectiva esta iniciativa.

“Yo creo que también hay una intromisión en el código deontológico de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, porque se les expone a desinformar y a coaccionar a las mujeres en su derecho libremente a ejercer sobre su cuerpo la decisión que quieran”, reflexionó.

En esa línea, apeló a “los funcionarios públicos” y, en especial, a “las trabajadoras sociales” para que “alcen la voz y defiendan ese código deontológico” y el “principio de neutralidad que debería imperar en los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento”.

Para Maroto, esta medida es “claramente una invasión de un derecho reconocido” y advirtió que “hablar de un síndrome que no existe va contra el derecho que tiene una mujer a decidir libremente de forma segura y con información veraz sobre su maternidad y sobre su cuerpo”.