Alonso defendió la iniciativa alegando que adaptar la normativa nacional al nuevo marco europeo "es una absoluta necesidad para todas las DO, especialmente para la de Rioja, a la que definió como "la más emblemática y dinámica de España".

Dicho marco europeo ha quedado definido por la Organización Común del Mercado Vitivinícola (Reglamento 479/08), que, a juicio del PSOE, deja obsoletas las leyes españolas que regían esta materia: la Ley de la Viña y el Vino, de 2003, y, sobre todo, la "preconstitucional" Ley de Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, de 1970.

La proposición no de ley pide al Gobierno que acepte la personalidad jurídica que le sugieran las tres comunidades autónomas que abarca la DO (Rioja, Navarra y País Vasco) y aventuró que ésta podría ser la de corporación de derecho público.