Estas peticiones de comparecencias -que deberán realizarse ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital-, se derivan la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

A raíz de estas informaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unos días, durante su intervención en el IV Foro Metafuturo, la apertura de una investigación con el objetivo de “esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados”. “El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias”, afirmó.

Una investigación realizada por centros de referencia internacionales —IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos)— reveló que META utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de META: un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito.

De confirmarse, esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). META ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares.